Doce años después de haber solicitado su reconocimiento y más de tres décadas de ser víctimas del conflicto armado y del cruce de violencias generadas por la proliferación de cultivos de uso ilícito, así como del tránsito de grupos armados ilegales, los campesinos de 13 veredas del municipio de Puerto Rico, en el sur del Meta, recibieron los documentos que los acreditan como asociados de la zona de reserva campesina Güejar-Cafre.
Son 33.614 hectáreas enmarcadas en el área de manejo espacial del Parque Nacional Natural La Macarena, que le permitirá a los campesinos asociarse, desarrollar proyectos productivos para su desarrollo social y económico, al tiempo que autoriza su organización para defender el territorio y convertirse en guardianes de la riqueza de fauna y flora, propias de esa región.
Desde hace más de una década, los propios habitantes de las veredas decidieron superar el estigma de los cultivos de uso ilícito, para iniciar procesos de siembra de plátano, cítricos y cultivos frutales como medio de subsistencia y desarrollo, así como el desarrollo de procesos de ganadería sostenible y a baja escala, particularmente de un hato lechero.
Los campesinos, además, podrán generar estrategias de protección de las selvas con el propósito de mantener límites estrictos en la expansión de la frontera agraria, como contribución en la lucha contra el cambio climático.
De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, la zona de reserva Campesina Güejar-Cafre, es la segunda que se acredita en el Meta, la otra es la ZRC Guayabero, y la décimo primera que se constituye en todo el país, dentro de los planes de reforma rural integral que busca entregarles más de tres millones de hectáreas con vocación agrícola y alto potencial para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida y potencia mundial en la producción de alimentos.
«Hoy estamos celebrando con toda la comunidad del Güejar-Cafre, en el municipio de Puerto Rico, Meta, la constitución de reserva campesina, figura jurídica esperada por más de doce años, que le permite a los habitantes de 13 veredas asociarse, organizarse, planear el territorio, defenderlo, adelantar procesos ambientales de 33.614 hectáreas para su explotación y conservación ambiental», explicó el director de la ANT, Gerardo Vega.
