Una frase se repite una y otra vez en las discusiones sobre los proyectos mineros en el municipio de Jericó: “minería sí, pero no así, ni aquí”. La dijo monseñor Noel Londoño Buitrago, obispo de esta diócesis.

Y explicaba: “la minería siempre ha existido, pero no así, de grandes socavones; y no aquí, en un territorio con enormes riesgos geológicos e innumerables cauces de agua que se verían afectados”.

Su voz no es la única que pone en duda los supuestos beneficios de la minería para Jericó y para el Suroeste de Antioquia.

Los campesinos del corregimiento de Palocabildo han compartido su conocimiento sobre el territorio que se pretende sacrificar: nacimientos de agua, quebradas, bosques, cultivos, potreros; café, leche, quesos, yuca, plátano, flores, hierbas aromáticas; fincas, canchas, fondas, escuelas, casetas comunales, acueductos comunitarios; cuentos, historias, siglos, leyendas. Todo, sacrificado por una mina y compensado con un estrafalario parque, muy publicitado por estos días en medios de circulación nacional.

Jorge Pérez, exalcalde de Jericó, y la mayoría de concejales del período pasado –John Jairo Arcila a la cabeza– nos recuerdan que los municipios tienen el derecho y la obligación constitucional de intervenir en las decisiones que los han de afectar.

Lo dice nuestra Constitución Política, “al municipio como entidad fundamental de la división político‑administrativa del Estado le corresponde (…) ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

El anterior concejo de Támesis puede mostrar con orgullo que prohibió la minería en su territorio, como lo hicieron posteriormente otros doce municipios del Suroeste de Antioquia asumiendo la valerosa decisión de proteger sus riquezas culturales y ambientales, tan necesarias en estos tiempos de virus mortales.

A propósito, en las discusiones sobre el plan de desarrollo municipal que se llevan a cabo por estos días, la totalidad de concejales de Támesis reafirmó su oposición decidida a la minería en el municipio.

Así mismo, su actual alcalde, Juan Martín Vásquez, negó a la empresa minera cualquier espacio de “socialización” en territorio tamesino, sobre todo después de saber que este municipio, aunque tendría que soportar enormes sacrificios por la minería en Jericó, no fue incluido dentro del área de influencia de este desastroso proyecto.

No solo se escuchan las voces que vienen del territorio; economistas e investigadores como Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia demuestran con cifras históricas que los municipios eminentemente mineros tienen una calidad de vida muy inferior al promedio de los municipios donde no se ejecutan actividades extractivistas.

Una lamentable condición que, en parte, puede ser atribuida a que la minería llega a desplazar actividades intensivas en mano de obra local y necesarias para la producción de bienes fundamentales en la canasta familiar de los habitantes de esos municipios.

Y Corantioquia, la autoridad ambiental en el municipio de Jericó, después de analizar el estudio presentado por la empresa minera, consideró que no está garantizado el caudal de agua requerido por los usuarios de los actuales acueductos comunitarios, en caso de que se ejecutara el proyecto, según comunicación que entregó a la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales.

Más y más voces, desde muy distintos ángulos, nos dicen que la minería de metales a gran escala es inaceptable en el Suroeste de Antioquia, porque la riqueza de este territorio no está en el subsuelo; está en el suelo, en su cultura y en sus pobladores.

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Redacción Minuto30

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