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Los suplicatorios sobre la inmunidad parlamentaria de los tres eurodiputados de JxCat se mantienen en pausa, a la espera de que la Eurocámara reinicie su actividad de forma eminentemente presencial o se diseñe un sistema que permita a los diputados implicados participar en remoto con todas las garantías.
Así lo explicó este jueves el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos), que recalcó que esto no significa que el trabajo de campo sobre los suplicatorios de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí se haya detenido por completo y que, por el contrario, se ha avanzado mucho en el trabajo jurídico previo en estos meses.
«El proceso de suplicatorio no se ha parado y todo el trabajo de campo y análisis de la documentación está avanzado», subrayó Vázquez a la prensa.
Los suplicatorios solicitados por el Supremo para los tres líderes independentistas fueron admitidos en enero y febrero por el Parlamento Europeo, pero el proceso de evaluación de la retirada de inmunidades se detuvo en seco por la pandemia de coronavirus, que paralizó la actividad parlamentaria hasta el mínimo necesario y no permitió que avanzara la revisión de la petición del Supremo.
LOS PRÓXIMOS PASOS, PENDIENTES DE QUE SE NORMALICE LA ACTIVIDAD
La más reciente decisión de la secretaría general de la institución extiende hasta el 25 de septiembre el trabajo en remoto como modalidad preferida para los trabajos de comisión parlamentaria, un formato que impide que se avance en una fase clave de los suplicatorios: la comparecencia de los diputados afectados.
Por tratarse de un proceso parlamentario en el que se abordan los derechos fundamentales de un diputado, el reglamento de la Eurocámara exige «presencialidad» y absoluta confidencialidad, además de un voto secreto.
Los servicios técnicos de la Eurocámara ya han resuelto la emisión del voto de forma secreta durante los meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus, pero la Comisión de Asuntos Jurídicos debe ahora esperar a que se retome la actividad presencial o se diseñe un sistema que garantice los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí si quieren comparecer a distancia.
«Al día siguiente de que se normalice la actividad parlamentaria, el proceso seguirá avanzando por sus cauces», añadió Vázquez.
Fuentes parlamentarias apuntan a que el grueso del proceso pendiente se centra en asuntos que se deben resolver de manera presencial, ya que el ponente, el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, ha avanzado en los últimos meses en el trabajo jurídico de estudiar la documentación aportada por los tres eurodiputados.
Estos documentos, principalmente resoluciones judiciales sobre la causa que se está tramitando en España, se han traducido a las quince lenguas nativas de los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo cual, aseguran las fuentes, ha dado lugar a un volumen de cerca de 4.000 páginas.
La documentación, que estudia ya el ponente, alimentará el informe junto a las conclusiones que se obtengan del debate y comparecencia de los implicados a puerta cerrada.
Las fuentes señalan que no es habitual que se traduzcan todos los documentos aportados a la causa, pero que en este caso lo ven «una buena señal» para que el ponente disponga de toda la información posible.
UN PROCESO LO MÁS GARANTISTA POSIBLE
Vázquez, que preside esta comisión desde febrero tras la marcha de la británica que lo hacía antes del Brexit, aseguró que quiere que el proceso con los diputados catalanes sea «escrupulosamente garantista» y sin permitir «que nadie convierta esto en un circo o en un acto electoral».
El objetivo, apuntaron fuentes parlamentarias, es que los tres diputados catalanes «no puedan tener ninguna queja sobre el proceso al que van a ser sometidos, sea cual sea el resultado».
La normativa de los suplicatorios prevé que éstos solo puedan ser rechazados si la comisión de Asuntos Jurídicos determina que el país de origen (en este caso, España) les está procesando por opiniones o votos emitidos como eurodiputados o si la finalidad real del juicio es socavar su actividad política o la de la Eurocámara.
En el suplicatorio no se va a entrar en el fondo de la cuestión o en los procesos judiciales en el país de origen o en el de residencia de los tres diputados, y en ningún caso en discernir cuál es el Estado de derecho o la separación de poderes del Estado miembro que lo pide», insistieron las fuentes.
Por otro lado, estas fuentes aseguraron que la sentencia del juez belga sobre la entrega a España del exconsejero Lluís Puig, que apuntaba a que el Tribunal Supremo no era la autoridad competente para emitir la euroorden, no tendrá ninguna influencia en los suplicatorios en el Parlamento, ya que su proceso echó a andar hace ya ocho meses, mucho antes de que se emitiera esta sentencia belga el pasado 7 de agosto.
El pasado 10 de enero, el juez instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, solicitó al Parlamento Europeo que suspendiese la inmunidad de Puigdemont y Comín, procesados por sedición y malversación y fugados del país, para que continuará el proceso de la euroorden en Bélgica.
Un mes después, el 10 de febrero, la justicia española envió la misma solicitud sobre Clara Ponsatí, reclamada en España por sedición, quien había entrado como nueva eurodiputada el 1 de febrero tras ganar España cinco escaños por la marcha del Reino Unido de la UE.
EFE
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