Los Derechos Humanos, compromiso sin concesiones. Por Olga Suárez Mira.

Por una especial deferencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fui elegida presidenta de dicha célula luego de un empate con mi respetable colega Sofía Gaviria Correa, definido por la papeleta de acuerdo a la reglamentación del Congreso. Para mí esta honorable designación es mucho más que un cargo que se le suma a la hoja de vida, o un canto a la bandera. Quiero presentarles a mis lectores las palabras que pronuncié el día de mi posesión, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Olga Suárez

Yo soy del Municipio de Bello, ciudad vecina de Medellín que por la ola migratoria de los pueblos a las urbes recibió a ciudadanos de todos los rincones de la geografía antioqueña y el país. Con el paso de los años el crecimiento demográfico dio paso a procesos de desarrollo, pero la violencia de la década de los 80 y 90 instaló un estigma contra la ciudad. Sin embargo en Bello desarrollamos un proceso de negociación con los grupos al margen de la ley, acompañados por el Plan Congruente de Paz que dirigía el doctor Aníbal Gaviria, Alcalde de Medellín, cuando era Gobernador y Sergio Fajardo cuando dirigía los destinos de la capital de Antioquia. A lo que ha pasado en la ciudad en los últimos 10 años le podríamos llamar postconflicto. Hoy se transita con tranquilidad por cualquier barrio. No puedo decir que Bello sea un paraíso donde los violentos dejen de causar daño, pero el cambio en todos los niveles es evidente.

En Colombia estamos llamados a pensar así. Con el fenómeno de violencia en Bello no hubiésemos logrado ninguna transformación, porque la única vía para lograr cambios que nos beneficien a todos es la reconciliación. Somos un país de infinitos potenciales que solo espera por el fin del conflicto para dejar de ser un país emergente y surgir a partir de las potencialidades que nos hacen únicos. Nuestro territorio precisa de restablecer la tranquilidad para que nuestros niños y niñas puedan ir sin contratiempos a sus escuelas, para que el presupuesto de la guerra se destine a cambiar balas por cuadernos, para que nuestros adolescentes y jóvenes destinen sus horas de ocio a la innovación y la investigación. El postconflicto es el paso que todos debemos dar, pero debemos darlo juntos.

Con menos violencia los gobiernos están llamados a poner sus ojos en la inversión social. Quitarles efectivos legales e ilegales a la guerra nos puede garantizar la oportunidad de intervenir en problemáticas enquistadas en nuestra sociedad.

Ponerle fin al conflicto significa ponerle fin a los ataques a la población civil, a las minas antipersonales, al reclutamiento de menores, al secuestro y a los enfrentamientos armados que han cobrado miles de víctimas con el paso de las décadas.

El reto que nos ocupa es ofrecer las herramientas necesarias desde el legislativo para que el posconflicto se constituya en una política de Estado, que garantice la transferencia de los recursos que se han ido para la guerra en la imperiosa necesidad de cerrar cada vez más nuestras brechas sociales. Si logramos un pacto que involucre a la población civil y el Estado en torno a una paz duradera, tendremos la certeza de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos.

Nos convoca también la necesidad de pensar en la violencia de la que ha sido víctima la mujer en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional a través de los años. Debemos endurecer las penas a quienes atentan contra las mujeres para disminuir este flagelo.

Cuando hablamos de postconflicto nos referimos específicamente a la ausencia o disminución de la confrontación entre las fuerzas armadas del Estado y la insurgencia, pero es vital mirar más allá. Pensar en la “Construcción de Paz” debe ser un compromiso en el que participen la sociedad civil, el sector privado, las instituciones del Estado y la comunidad internacional. Temas como la reconciliación, la atención a la población vulnerable, la construcción de memoria y verdad, la justicia transicional y la reparación, la prevención de la violencia y el crimen, tendrán que ser revisados con lupa para propiciar el panorama de un país que mira con esperanza el futuro.

Culmino expresando mi complacencia por ser elegida para comandar la Comisión de Derechos Humanos del Senado por que desde las posiciones y dignidades que he ocupado he sido una defensora incansable de los derechos, porque considero que solo a través de su garantía logramos ciudadanos autónomos y que aporten al desarrollo del país.

Olga Suárez Mira es senadora de la República.