Lo que tienen en común el magistrado Gustavo Malo y el senador Musa Besaile

En Uruguay, el vicepresidente de la república, Raúl Sendic, renunció al cargo tras una serie de investigaciones periodísticas que lo señalan de la mala utilización de una tarjeta de crédito cuando era director de la agencia nacional de petróleo de su país. Según la investigaciones, el monto al que se le habría dado un uso indebido habrían sido 4.000 dólares (aproximadamente 12 millones de pesos colombianos) y eso que el ya ex vicepresidente es ahijado político del ex gobernante de ese país, José “Pepe” Mujica, tal vez el hombre más querido de esta nación del sur del continente y sin duda uno de los líderes más influyentes en el mundo actual.

En otras latitudes, algunos gobernantes o funcionarios públicos de importancia, tan solo por dar de qué hablar de su vida privada, como por ejemplo, tener una deuda o una relación extramatrimonial, asuntos que en nada interfieren ni nada tiene que ver con el desempeño del cargo, una vez hecho público el hecho, renuncian al cargo. Al margen de que lo hagan por convicción propia o porque los medios periodísticos o cualquiera otra organización se los pida, lo cierto es que dan el paso al lado, porque sencillamente no es ético ni digno que sigan como representantes de la sociedad.

En Colombia esto no ocurre, históricamente los gobernantes y demás funcionarios de elección popular como congresistas y alcaldes, no conocen las palabras dignidad, ética y respeto. Que recuerde, en cada período de presidente de la república, congresistas, gobernadores y alcaldes, ocurren uno o varios escándalos, que no debieran dejar títere con cabeza, siendo más visibles los del orden nacional, pero no, los presuntos responsables salen siempre a decir que se les debe respetar la presunción de inocencia, cuando no que es una persecución de tipo político.

En estos temas valdría la pena hacer una sencilla diferencia. Una cosa es que todo el mundo tiene derecho a que se le tenga por inocente en una investigación penal y mientras esta se adelanta no debe haber señalamientos de responsabilidad; y otra, distinta, es que no se puede negar que existe una responsabilidad política o social si se quiere, en virtud de la cual, frente a un cuestionamiento serio, contundente y comprometedor, y no me refiero a uno de índole personal, sino uno referido al ejercicio del cargo, el destinatario del mismo se quiera atornillar y bajo el pretexto de que se le debe respetar el debido proceso, no renuncie.

A esta actitud le es oponible un sencillo argumento y es el de que la confianza depositada en él se ha comenzado a fracturar y en virtud a la dignidad que se ostenta y a la responsabilidad que se tiene, quienes en él depositaron su confianza merecen claridad en los hechos y necesitan y merecen que esa confianza, ya defraudada, se traduzca en acto de renuncia que enaltezca a quien lo realiza, y sobre todo, a la sociedad a la que representa.

Lo que viene ocurriendo con el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, no tiene parangón en la historia judicial del país, lo de Jorge Pretelt, ex magistrado de la Corte Constitucional, siendo grave, no es nada comparado con lo de Malo, es tan contundente la evidencia que hay en su contra, que no en vano la Corte, casi en pleno, le exigió que renunciara para que pudiera defenderse y permitiera una investigación transparente, y de paso, claro está, tal acto se tradujera en un acto de respeto hacia a sociedad y la institucionalidad, cuya imagen parece bien difícil de recuperar.

El cuestionado dice que no, que hacerlo sería aceptar los señalamientos, como si se necesitara de algo más para tener claro que por lo menos indicios serios y graves de responsabilidad de lo que se le sindica si hay. El entramado que, según se ha investigado, tenía con Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y con algunos políticos costeños, en el que se hacían favores de lado y lado, obviamente para sacar todos tajada, no tiene nombre.

Algo similar ocurre con el senador Musa Besaile, la coartada que montó según la cual Luis Gustavo Moreno, siendo un abogado litigante, lo habría extorsionado para que entregara 2.000 millones de pesos de los 6.000 exigidos, so pena de que le expedirían un orden de captura, no se la cree ni él ni su abogado, que fue quien le diseñó esa muy torpe e infantil estrategia a fin de dejarlo incólume.

La extorsión para que se configure requiere siempre que quien extorsiona lo haga bajo la amenaza de un mal a quien no acceda a sus ilícitas pretensiones. Moreno no tenía el poder para expedirle o no una orden de captura a Besaile, luego éste sabía para dónde iba el dinero que recibió Moreno y eso se llama cohecho por dar u ofrecer; tan clara es la cosa que Alejandro Lyons dijo hace pocos días que colocó 600 millones para esa “vuelta”. Muy demorado está también en renunciar.

Podrá acatar o respetar la sociedad una ley expedida, donde uno o varios de quienes la hacen son unos corruptos, o una sentencia proferida donde uno o varios de los firmantes de la misma son unos jueces corrompidos?

Debiera de haber algo o hacerse algo para implantar en Colombia una cultura donde un funcionario público, no con cualquier comentario, noticia de prensa sin verificar, señalamiento o comentario de mala fe, sino con serios, graves y contundentes cuestionamientos, deba separarse del cargo. Debe legislarse al respecto, pero quién lo hará?