Todos recordamos las elecciones presidenciales en Perú el año pasado en las que el ex ministro de Economía del ex presidente Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, por muy pocos votos le ganó la presidencia a Keiko Fujimori, la hija del encarcelado y también ex gobernante, Alberto Fujimori. Como también es de conocimiento de la opinión pública, en este país la multinacional Odebrecht entregó dinero a dirigentes políticos para hacerse a cuantiosos contratos en millones de dólares como lo hizo prácticamente en toda Latinoamérica y resulta que uno de los beneficiados con esos aportes, como se les hizo ver en algunos casos, fue precisamente el presidente Kuczynski, quien en un principio negó haber recibido algún soborno para su empresa Wesfield Capital, sin embargo, ante las evidencias no le quedó camino distinto a aceptar diciendo que era verdad, pero que no fue él quien firmó los contratos, por esta falta de memoria, de honestidad o porque sencillamente mintió, el presidente está ad portas que lo destituya el senado de este bello territorio donde hace siglos se asentaron los Incas.

Todo indica que los peruanos y sus instituciones jurisdiccionales no le perdonan la corrupción a ninguno de sus presidentes o ex presidentes: Ollanta Humala está detenido, Alejandro Toledo tiene una orden de captura vigente y ahora al presidente lo van a destituir y no se sabe cuál será su suerte con la justicia.

Y es que son varios los ex jefes de estado de nuestro continente los que andan en apuros judiciales o han sido destituidos: la de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida por el congreso de su país porque violó cifras fiscales, maquillando el déficit presupuestal, que allá lo llamaron crímen de responsabilidad; a Cristina Fernández, la están procesando por delitos que tienen que ver con corrupción; el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, también es procesado por delitos contra la administración púbica; al ex gobernante de Ecuador, Rafael Correa, que le pasó con Lenin Moreno, el actual presidente, lo que a Uribe con Santos, que una vez lo puso en el poder, recibió la puñalada por la espalda, ya anda con ganas de acercarse a la OEA, de la que denostó en sus dos gobiernos, denunciando cosas de Moreno y quién sabe sino abonando el camino para blindarse contra una eventual persecución judicial de su otrora vicepresidente.

Como puede verse, son varios los ex gobernantes que andan en líos judiciales por distintas razones. En Colombia, por el escándalo de Odebrecht hay varios políticos involucrados y encarcelados algunos y todo indica que otros más irán tras las rejas por la misma razón. En cuanto al presidente, se sabe que a sus campañas entró dinero de la multinacional con la misma finalidad con que se entregaban estos sobornos en otros países: conseguir los mejores contratos. Cuando Roberto Prieto, ex gerente de las dos campañas de Santos, reconoció públicamente que en la primera campaña Odebrecht aportó 400.000 dólares, apareció Santos diciendo que se acababa de enterar, al estilo de Samper, en las épocas del proceso 8.000, cuando dijo que la financiación de su campaña por el narcotráfico fue a sus espaldas.

Debió cuando menos haber sido expuesto a un juicio político y lo mismo debió ocurrir con Santos, pero en Colombia eso es impensable, los gobernantes hacen y deshacen y eso que ahora el guante de la justicia está alcanzando a dirigentes que en otra época nadie pensaba que fueran procesados y encarcelados. Por eso los presidentes hacen los que les da la gana, desde mentir cínicamente diciendo que los impuestos nunca se aumentarían o que a la guerrilla no se le regalarían curules, sino que tendría que conseguirlas con votos como los demás candidatos, hasta negar que su campaña recibió dinero para entregar contratos.

Lejos estamos que la justicia colombiana le llegue siquiera a los tobillos a la peruana cuando se trata de procesar presidentes o ex presidentes.

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Redacción Minuto30

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