Las minas no se desmovilizan

El pasado sábado 4 de Abril, en medio de la Semana Santa, y, por ello, con riesgo de pasar desapercibido frente a la gran mayoría de colombianos, se celebró el «Día internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas», declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las minas antipersonal son un delito de lesa humanidad. Nada las justifica y urge acabar con ellas. Ciertos intereses oscuros quieren intentar convertir esta barbarie en delito “político”: sólo con mencionarlo, insultan de manera agresiva a las víctimas, especialmente a aquellas que perdieron la vida y no pueden defenderse.

Los recursos públicos destinados para el desminado en Colombia son precarios, insuficientes y mal direccionados. Las cifras son difíciles de determinar. En el presupuesto general de la nación (PGN) de 2015 no se encuentra un solo centavo ni programa alguno claramente identificable con el propósito de adelantar el proceso de desminado de manera seria y eficiente.

Para la cooperación internacional, los recursos para desminado han venido en franca decadencia. Infortunadamente, este apoyo pareció más una moda pasajera, y ahora estos recursos internacionales se han venido destinando a otro tipo de programas sociales que, pese a su relevancia, distan mucho de la realidad del problema de minas antipersonal casi 700 municipios de Colombia.

Debemos entender que los recursos en materia de desminado no son suficientes sin una acción integral que, adicional a este trascendental proceso, incluyan elementos fundamentales como la educación en la prevención ante las minas y la asistencia a víctimas (atención en la emergencia, reparación por parte de los victimarios y reintegración a una vida digna).

Hoy, es lamentable que sólo exista un municipio en Colombia (San Carlos, Antioquia) certificado como libre de minas antipersonal. Esto ocurrió en el año 2012, tras un proceso iniciado en el año 2008. Tres años después, existe un segundo municipio (San Francisco, Antioquia) que debió haberse podido certificar como libre de minas antipersonal pero le ha sido imposible debido a la tradicional burocracia centralista. El desminado en San Francisco ha sido muy lento y las ayudas a las que debería tener derecho se han venido aplazando simplemente por que el Presidente de turno no ha querido declarar oficialmente al municipio como libre de minas antipersonal.

Para el proceso de desminado deben tenerse en consideración muchos aspectos relevantes que, si no son visibilizados, lo único que lograrán es generar mayores víctimas y malgastar el tiempo y el dinero de los colombianos.

Estandarizar el proceso de desminado es un error prácticamente irreversible: las minas antipersonal son, también, aéreas (ubicadas en árboles) y acuáticas. Las minas antipersonal son, también, de plástico, vidrio y madera. La vida útil de estas minas antipersonal puede, en muchos casos, exceder de 50 años. Es decir, la actual metodología de escuadrones con detectores de metal es insuficiente, riesgosa y lenta. Estos escuadrones, con la presencia de cualquier metal (por ejemplo: una moneda) tienen que hacer una intervención sobre el terreno, lo cual retrasa todo un proceso de desminado en determinado sector. Adicionalmente, estos escuadrones son objeto de acciones terroristas por francotiradores, lo cual ha causado muchas bajas en nuestras Fuerzas Militares y ante lo cual el gobierno ha guardado silencio para evitar indisponer a los terroristas interlocutores en la Habana.

Existen soluciones en Colombia de detección y desactivación de minas antipersonal con nuestro ingenio y creatividad que son más baratas y apropiadas. La universidad Eafit de Medellín ha sido pionera en innovación para la acción a favor del desminado; sin embargo, el gobierno nacional ha preferido contratar herramientas internacionales que son más caras y que no se acomodan a las realidad nacional.

Evidentemente, el drama más grande no está solo en prevenir nuevas acciones terroristas en materia de minas antipersonal sino en una acción efectiva frente a las victimas de las mismas. Existe un enorme subregistro en materia de minas antipersonal: en la década de los 90, en muchas zonas del país, el que hablara del tema de minas antipersonal corría riesgos por su vida, lo que condujo a que muchos incidentes fueran silenciados. Esto, sin contar con el enorme cinismo al que fuera sometidos muchas comunidades, en donde el grupo terrorista far cobraba multas a los campesinos que activarán minas antipersonal: la degradación absoluta de la crueldad terrorista.

Antioquia, mi Departamento, ha sido el triste líder en las estadísticas de víctimas de minas antipersonal, con la cuarta parte de las mismas, seguido del Departamento de Meta. Oficialmente, se llevan estadísticas de 2.455 víctimas de mina antipersonal desde 1990 hasta 2014, de las cuales 400 fueron fatales. Antioquia ha tendio 2 víctimas semanales de minas antipersonal durante 25 años seguidos. De ellas, el 55% son militares y 45% son civiles. 81 de los 125 municipios de Antioquia han tenido al menos una víctima de minas antipersonal, y 103 de los 125 tienen hoy presencia de minas antipersonal.

El desminado jamás tomará 10 años en Colombia como promete el gobierno Santos. Miente el que hable de ese tiempo. Un pequeño municipio como San Carlos, Antioquia, con 702 kilómetros cuadrados y con una activa participación de la comunidad, tomó 4 años para ser desminado. No existen los recursos económicos (como se muestra, el PGN 2015 no los tiene) ni técnicos (las diversas modalidades de minas no lo permiten) ni la información (muchos terroristas que pusieron campos minados fueron dados de baja) para lograr esta meta en tan corto tiempo.

Que el pasado 4 de Abril y su campaña «#Remángate» no sean una simple moda en redes sociales. Requieren determinación, liderazgo y recursos. Las minas antipersonal no se desmovilizarán, están vivas acabando con nuestros campesinos y militares. Son los terroristas los responsables de su ubicación y, por ende, de su desactivación. Son los terroristas los obligados a indemnizar miles de víctimas de este grave delito de lesa humanidad. Ubicar campos minados podría ayudarles a disminuir sus penas.

Exigimos la verdad para que, dentro de 30 años, no estén aún explotando minas antipersonal en nuestros campos colombianos, pues nunca llegará la verdadera paz aunque se firme cualquier papel si no acabamos con las formas más viles de violencia, una de las cuales está representada en las minas antipersonal.