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Por eso, el Ministerio Público pidió la absolución de general en retiro.
«No fluye con claridad, con contundencia, con precisión un documento, un testimonio como prueba directa, como prueba indirecta para atribuir responsabilidad del procesado; y la prueba indirecta no reviste ese grado de confiabilidad, de credibilidad para arribar a igual conclusión de certeza frente a la responsabilidad del procesado», señaló el Procurador delegado para el caso.
La Procuraduría consideró que es un agravio que se le reproche al Ejército la recuperación del Palacio de Justicia, tomado en noviembre de por el M-19, y las insinuaciones acerca de que el operativo obedecía a un plan preelaborado para acabar con ese grupo.
«Lo menos que había que esperarse era la reacción del Ejército. La Policía llegó primero que el Ejército y tampoco podría merecer reproche».
El Ministerio no aprecia que haya evidencia que indique que Arias «Cabrales sea autor o coautor de esas despariciones. Se expuso prueba indiciaria, pero no explícita frente a las actuaciones del general», aseguró el procurador del caso.
El caso Édgar Villamizar
La Procuraduría puso en tela de jucio la llegada de Edgar Villamizar, testigo clave del caso, a Bogotá sino también el contenido de sus declaraciones.
La Procuraduría dice que quien estuvo en la diligencia de declaración no fue Édgar Villamizar sino alguien que lo suplantó. En tres ocasiones quedó registrado el nombre de Édgar Villarreal quien «suscribió su rúbrica sobre ese nombre».
«La firma de Édgar Villamizar contrasta con la que se estampó en la declaración. No es fácil que una persona al exponer su lugar de nacimiento se equivoque», dijo el procurador del caso, quien reveló que que se pusieron dos sitios distintos del mismo departamento, Norte de Santander.
El Procurador dijo que reconoce la investigación y esfuerzo de la Fiscalía pero que se debió ser más riguroso en la indagación del testigo, Édgar Villamizar.
En la diligencia no se profundizó sobre el testigo. No estuvo el verdadero Édgar Villamizar Espinel», aseguró el Ministerio Público.
El pasado 20 de abril, la Fiscalía pidió la condena del general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 del Ejército, a quien acusó de ser autor de la desaparición de 11 personas.
La Fiscal del caso, Ángela María Buitrago, solicitó a la juez 51 la máxima pena contra Arias, lo que se traduciría en una condena de entre 35 y 45 años de prisión.
El ente acusador señaló que tuvo el mando y control de toda la operación militar, con el agravante que hubo intención dirigida a realizar la desaparición forzada e impartió órdenes para ello.
«El manejo de rehenes fue controlado, dirigido y absolutamente conocido por quien estaba en la Casa del Florero, Edilberto Sánchez, y quien estaba en el puesto de mando, Jesús Armando Arias Cabrales», dijo Ángela Buitrago.
Y destacó que las comunicaciones entre Arias Cabrales (Arcano 6) con otros oficiales permiten concluir que él dio la orden para que cadáveres fueran movidos. «Hubo órdenes de Arias para cambiar y desaparecer evidencia. Se sacaron armas y las grabaciones de conversaciones demuestran que se removieron», dijo la Fiscalía.
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