La reciente visita a Colombia del Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, fue catalogada por el Gobierno como un espaldarazo a la “paz”. Claro que la ONU apoya la paz en Colombia, pero no por razones altruistas, como quieren hacernos creer, sino más bien por los multimillonarios contratos que el Estado pacta con ellos.

Uno de esos contratos, por ejemplo, es el de Sustitución de Cultivos Ilícitos que el Gobierno suscribió con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por $316 millones de dólares, equivalente a $1 billón de pesos, del presupuesto de la Nación.

Este contrato está fijado a 4 años, por lo que compromete al próximo Gobierno. De los $316 millones de dólares, $6.6 millones están destinados sólo a transporte y habrá funcionarios de la ONU con sueldos cercanos a los $60 millones de pesos mensuales. Los gastos de apoyo al programa, o sea, las ganancias de la ONU por este contrato, serán de $34.5 millones de dólares, cifra para nada despreciable teniendo en cuenta que no hubo licitación por tratarse de un convenio de “cooperación”.

Al día de hoy los colombianos no conocemos los anexos y los adjuntos de este contrato sobre cómo entrará la UNDOC a operar los $316 millones de dólares pactados.

Colombia ya ha gastado $2.8 billones de pesos en la sustitución de cultivos, inversión que claramente no ha funcionado ya que en el país hoy estamos nadando en coca. Lamentablemente hoy gastamos más en combatirla, pero tenemos más coca.

Frente a la participación de la ONU en la sustitución de cultivos ilícitos hay varias dudas. La más importante de ellas es que quien ejecuta la sustitución es el mismo que la evalúa. No podemos olvidar que la ONU fue garante del proceso de paz con las Farc y que hoy figure como ejecutor del contrato que sustituirá sus cultivos de droga genera malestar. Además la misma ONU será la que evalúe el éxito de la sustitución con su programa SIMCI. ¿Puede la ONU ejecutar y evaluarse a sí misma?, ¿es imparcial para verificar la sustitución?

La ONU se convirtió en un aparato burocrático que nada tiene de altruista. Para poner un ejemplo: Colombia, un país de renta baja, hoy es el mayor contribuyente mundial de la ONU. De ahí su apoyo a la “paz” de Juan Manuel Santos, que trajo de todo al país, excepto paz. Por contratos así, ¿quién no apoya una falsa paz?

Definitivamente el Gobierno Santos se ha encargado de repartir mermelada para comprar conciencias, y así mostrar apoyos a un proceso de “paz” que sólo beneficia a las Farc. El derroche del Gobierno es tan descarado que ya la repartición de mermelada tiene alcance internacional. Los colombianos necesitamos con urgencia que llegue rápido el 7 de agosto para que acabe el desgobierno de Juan Manuel Santos.

@andresportillo_

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Redacción Minuto30

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