La danza de la impunidad

La así llamada Jurisdicción Especial para la Paz, vuelve a estar en la palestra nacional por cuenta de las objeciones que el Presidente de la República encontró en seis de sus 159 puntos. Dentro de las funciones naturales que tiene el Presidente, además de ser su obligación dado el cargo que ostenta, está el velar por la marcha de la República según sus valores constitucionales; para eso fue elegido en elecciones libres, democráticas y justas, aunque ello duela a algunos sectores. En esa tarea que la mayoría de colombianos le confiamos, está justamente vigilar que la búsqueda incansable de la paz se desprenda de los visos de impunidad que todavía contaminan la ley estatutaria tal como está planteada.

El presidente halló objetables los puntos porque son inconvenientes para la confección de una auténtica paz, libre de impunidad y de injusticia, así como para la reparación real de las víctimas de los terroristas para quienes se creó, en contra de la voluntad del soberano, este tribunal especial. Muy a pesar de la voluntad del pueblo, afirmo, porque cabe recordar que, por jugadas y maniobras habilidosas, el anterior gobierno decidió desconocer el resultado del plebiscito, en el que la voluntad del pueblo colombiano fue claramente expresada. Así son las cosas.
Hoy, gran parte de los colombianos no creemos en la JEP, porque la corrupción y la politiquería motivaron el diseño de esa estrategia para que se ajustara a la medida de las exigencias de los terroristas. Desde el inicio existe un desequilibrio, toda vez que los jueces nombrados son, en su mayoría, afectos a las fuerzas de izquierda, ello no es malo per sé, pero lleva necesariamente a cuestionar su imparcialidad toda vez que la fuerza de la izquierda es, justamente, la oposición al gobierno del momento.

La JEP, tal como fue pensada, estaba destinada a ser una especie de Supra-Corte Política, una gran cabeza de Medusa, que desplazaba por vía de una y otra de sus serpientes, a las legítimas Cortes, bien nacidas al calor de nuestra democracia y de hecho, no exentas tampoco de cometer errores, pero que se acercan más a nuestro ideal de justicia.

En su alocución presidencial, Iván Duque, con toda objetividad y entereza, expuso al país sus objeciones a puntos concretos que son del todo perjudiciales en el camino de la construcción de la paz auténtica: el terrible reclutamiento de menores y su esclavización sexual; la nebulosa de la verdadera reparación, que no está clara; el aporte de los nombres de quienes son verdaderos terroristas y el alcance que en ello debe tener el alto comisionado para la paz, la aplicación de la justicia por parte del Estado como su garante y su responsable, el tema de la extradición, que es tal vez uno de los que más evidencia la mayordomía que las Farc tienen sobre la tal Jurisdicción Especial para la Paz. Es que, amarrarle las manos al Estado en materia de aplicación de justicia (aunque la justicia ordinaria tenga sus fallos y cojee), no puede ser visto nunca como algo plausible por un ciudadano común al que le duela su país.

Finalmente, estamos ante la urgente necesidad de resultados contundentes, de quitar ya el velo oscuro que oculta los reales intereses de la JEP, y no la dilatación del tiempo y los temas en discusiones bizantinas y conciliábulos teóricos. Esos son medios que solo sirven para que los criminales que pensaron, diseñaron, y enarbolaron la peor racha de crímenes que ha padecido la historia de Colombia, sigan, bajo el velo de la JEP, bailando su danza de la impunidad.