La Corte colombiana discute la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz

El alto consejero presidencial para los Derechos Humanos en Colombia, Guillermo

El alto tribunal deberá pronunciarse este martes sobre la constitucionalidad del acto legislativo que creó la JEP tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC el año pasado y despejar así las dudas que persisten en el Congreso de la República donde el proyecto aún no se ha votado.

«En el 80 % del proyecto ya tenemos un acuerdo», aseguró el ministro del Interior, Guillermo Rivera, tras concluir ayer la reunión de la subcomisión de la Cámara de Representantes en la que se evaluaron las 400 proposiciones de la JEP.
El ministro anticipó que hoy, en la plenaria del Senado, se votarán los temas en los que hay acuerdo y los demás se debatirán mañana.

«No tenemos acuerdo en algunos de los temas más controversiales», preciso sin embargo Rivera.

Los puntos en discusión son la participación en política de las FARC, el régimen de conflicto de intereses para los magistrados de la JEP, la no extradición de guerrilleros y la responsabilidad de mandos militares y civiles que hayan financiado el conflicto.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) es la instancia creada para juzgar los crímenes que se cometieron en el conflicto armado en el país.

Las sanciones contempladas en la JEP son de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad en los delitos cometidos.

Asimismo, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de cárcel, las recibirán quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz.

EFE