in

«Si a la justicia, no al dinero.»

Por: Bernardo Henao Jaramillo

Bernardo Henao Jaramillo 1200x720 2

En su obra » El estiércol del diablo » el escritor italiano Giovanni Papini (1881 -1956) dejó sentado un pensamiento que ha trascendido por años: «El dinero es el estiércol del diablo«. Y consignó: «La moneda que ha hecho morir a tantos cuerpos hace morir todos los días a miles de almas. Más contagiosa que los harapos de un apestado entra en todas las casas, brilla en los mostradores de los cambistas, profana la almohada del sueño, tienta a las vírgenes, paga el trabajo del verdugo…»

No hay duda de que el dinero causa todos esos efectos y muchos más, pero ninguno tan nefasto como cuando es utilizado para corromper la justicia, pues reduce la confianza pública en ella, debilita la credibilidad en la institucionalidad y de contera afecta la independencia e imparcialidad de quienes están encargados de ser el estandarte de la moralidad y de la paz en una sociedad, por ello, cuando así ocurre, se debe actuar con todo rigor y firmeza, sin contemplaciones con el que paga para corromper y con el que se deja corromper, porque ese proceder causa un dolor colectivo inmenso y la inviabilidad del Estado de derecho.

En nuestro país hemos visto pasmosa complicidad con quienes “tuercen” la justicia y agravian a la sociedad, un ejemplo, entre tantos, la condena a quien se desempeñó como fiscal anticorrupción. Sin embargo los colombianos seguimos esperando que la justicia se reivindique y que quienes ejecutan esa conducta sean juzgados con el rigor que exige el daño que causan a toda la comunidad.

Ahora la justicia tiene que juzgar el proceder delictivo del individuo Carlos Mattos, quien como autor intelectual y determinador “contaminó” la administración de justicia y lamentablemente halló personas que antepusieron a la noble labor de la función judicial sus intereses, razón por la cual hoy hay, por esos hechos, 2 jueces de la República condenados y varios empleados judicializados, la mayoría también condenados. Y en vez de responder y reparar por su siniestro actuar huyó, buscó refugio, en su caso en España, donde fuera detenido. A continuación, hizo uso de toda clase de actuaciones para evitar ser extraditado a Colombia.

Lea también  Elegía al segundón

La persistencia de las autoridades colombianas al final tuvo éxito y se consiguió la extradición en noviembre de 2021. Luego de cínicamente sostener su inocencia, aceptó en dos procesos su responsabilidad por los hechos investigados, pidió públicas excusas y se comprometió a no volver a delinquir, esperando, quizás, que tan solo se le condene a 32 meses en uno de los procesos y en el otro a 56 meses, penas que no se suman ni acumulan, por supuesto en el entendido de que debe informar de las personas que participaron en los hechos. Esto último resulta irrelevante por cuanto, como se dijo, la mayoría de ellos ya fueron condenados.

Ayer, 4 de marzo, tenía cita con la justicia para perfeccionar el preacuerdo, pero su aprobación fue suspendida por el juzgado para “verificar los elementos a fin de determinar la legalidad de la presente negociación”. Consideramos que no sólo por la gravedad de recientes acontecimientos dados a conocer por los medios de comunicación el preacuerdo no sea aceptado, sino porque los hechos investigados vulneran los derechos de la sociedad al socavar la justicia e impedir la paz.

Él, con las copiosas pruebas que tiene la fiscalía, debería ser juzgado y condenado con la máxima pena que impone la ley. No es de buen recibo acordar rebajas y beneficios que suponen cuestionamientos para la propia justicia, la cual debe actuar de manera ejemplar y sin contemplaciones.

Este asunto cobró mayor vigencia cuando noticias Caracol tituló «Mattos el preso que pasea», presentando un video que muestra el trato privilegiado que le brindaban los funcionarios del Inpec, como si fuesen servidores suyos. ¡Total vergüenza! Aprovechando una excusa médica, el personaje en cuestión adelantó actuaciones que no guardan ninguna relación con ella, lo que constituye un verdadero abuso.

Vendrá la correspondiente discusión acerca de esas salidas. Van seis de ellas en escasos cuatro meses de reclusión. Se discutirá si les antecedieron actos de corrupción o si son delitos, lo cual deberán averiguar las autoridades. Lo cierto es que el país está indignado ante la irreverencia, cinismo y descaro de este delincuente de cuello blanco. Se sabe que el Presidente de la República dio instrucciones puntuales de cesar en sus labores a las personas que facilitaron y contribuyeron a esos hechos.

Lea también  Amigopatía

Respecto del Director de la Picota aparece como evidente su actuación y, por tanto, su fulminante destitución, según lo han informado. Pero no se comparte la decisión similar que se anuncia se dio frente al Director del Inpec, general Mariano Botero, quien dejó saber que discrepaba de ella, pero que presentaría su renuncia por la responsabilidad política que le competía. Comportamiento contrario al que suelen tener los funcionarios públicos cuestionados. Al respecto señaló: «Me da vergüenza que esa situación suceda». Además, indicó que la responsabilidad debe recaer en el director de la Picota. Enfatizó que es «un hombre digno y honrado». Esa postura solo es de recibo de quien tiene dignidad.

En definitiva, la justicia y la institucionalidad siguen siendo perjudicadas por Carlos Mattos y no puede repararse con dinero y excusas. ¿Entonces, si no se puede resarcir el perjuicio, que es enorme, para qué afanarse en celebrar ese pacto? Concluyó la audiencia con suspensión y se reanuda el próximo 11 de marzo, más lo extraño y quizás inquietante es que solamente la Procuraduría se opuso al acuerdo. Quedamos expectantes en punto a que la justicia haga valer su dignidad.

Pildorita: Para los magistrados de la Corte Constitucional “Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”. Como lo expresa Ezquiaga Ganuzas, uno de los principios estructurales más trascendentes que caracterizan al Estado democrático y de derecho es el de la separación de poderes. Entonces, si el poder judicial invade la órbita del legislativo y del ejecutivo ¿pueden los magistrados molestarse por el legítimo cuestionamiento a sus fallos? Vea pues.

@HenaoBernardo

Dale click a "Me gusta esta página"


Google Noticias