Si hace 10 años a los colombianos alguien nos hubiera dicho que las Farc tendrían en el futuro impunidad, elegibilidad política y demás privilegios de los que hoy disfrutan, indudablemente hubiera sido tachado de loco. Tristemente hoy la realidad es otra.

Como parte de la implementación de los acuerdos de La Habana y con 160 artículos, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, a través de la Justicia Especial para la Paz (JEP), acaban con la independencia de los poderes públicos. La creación de una súper corte, grande en burocracia y sin instancia superior, pensada sólo para limpiar las culpas de las Farc y perseguir a la oposición, es sin duda alguna, el logro más grande que obtuvieron los criminales.

Los ‘orangutanes’ que el Gobierno incluyó en la JEP son descarados y sin precedentes:

– Es una justicia paralela al ordenamiento jurídico, autónoma, atemporal y prácticamente sin posibilidad de segunda instancia.

– Un monstruo burocrático innecesario, teniendo en cuenta que la Corte Suprema ya tiene experiencia en justicia transicional.

– La tendencia ideológica de los magistrados claramente es de izquierda, misma ideología de los criminales que “juzgarán”.

– Justicia fuente de impunidad. No es necesario que las Farc se acojan a la JEP para que puedan hacer política. Además basta con que confiesen los delitos para no pagar cárcel.

– La reincidencia en los delitos por parte de los miembros de las Farc, no implica que pierdan los beneficios que la JEP les otorga.

– Declara el narcotráfico como delito conexo al delito político.

– Se permite el reconocimiento colectivo de responsabilidades en delitos sistemáticos como secuestro, reclutamiento, violaciones y asesinatos. Cuando todo un grupo es culpable, finalmente nadie es responsable. Clara impunidad.

– Acaba con el principio de cosa juzgada, dado que los magistrados tienen la potestad de reabrir procesos si consideran que se cometieron en el ‘marco del conflicto’.

– No existe la prescripción. Los magistrados pueden adelantar investigaciones sin importar la fecha en que los crímenes fueron cometidos.

– Ni la Procuraduría ni la Fiscalía pueden intervenir en los procesos que adelanta la JEP. Sólo se permite si el magistrado lo considera necesario. ¿Qué garantías tendrán las víctimas?

– Sólo se puede acceder a la segunda instancia a través de tutela, pero la revisión del fallo la hace el mismo magistrado. ¿Garantías?

Citando al escritor Eduardo Galeano: “la impunidad premia el delito, induce a la repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo”. Nada más cierto. La Justicia Especial para la Paz, con la impunidad que otorgará, será partera de nuevas violencias. La cultura del mal ejemplo pone en peligro a las nuevas generaciones que ven en el crimen y su futura impunidad, la salida a sus problemas.

Podemos entonces decir que la JEP es una justicia injusta que premiará los delitos más atroces y se encargará de perseguir a los inocentes, en un intento por cambiar la historia, donde los buenos se vuelven los malos y los criminales en los salvadores de la patria.

@andresportillo_

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Redacción Minuto30

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