El Gobierno Nacional, a través del ministerio de Justicia y del Comité Ejecutivo del Inpec, decretó la emergencia carcelaria para hacerle frente a los hechos de violencia de las últimas horas en el municipio vallecaucano de Tuluá y el asesinato en las últimas semanas de dos miembros del personal de custodia.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la medida extraordinaria permite el ingreso de unidades de la Policía y de las Fuerzas Militares en los momentos en que se requiera restablecer el orden y la disciplina en los centros de reclusión, además de reforzar las medidas de seguridad perimetral de las cárceles de forma permanente y aleatoria.

De la misma manera, explicó el ministro Osuna, permitirá el traslado de recursos para incrementar los dispositivos electrónicos y tecnológicos para el bloqueo de señales telefónicas en los penales, con el fin de enfrentar y neutralizar el incremento de las extorsiones que se generan desde las diferentes cárceles en donde se encuentran recluidos los principales cabecillas de las bandas dedicadas a este delito.

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La emergencia carcelaria también le permite a la dirección del Inpec y de las diferentes cárceles adoptar medidas disciplinarias más drásticas como el aislamiento continuo y el traslado recurrente de los privados de la libertad identificados como los mayores promotores de extorsión en todo el país.

Las visitas, insistió el ministro de Justicia, también podrán ser restringidas, porque informaciones de inteligencia y de investigación criminal, se ha identificado que algunos familiares de los cabecillas de las bandas criminales se han convertido en correos humanos de las órdenes de los jefes recluidos a los demás integrantes de dichas organizaciones.

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Además, tanto el ministerio de Justicia como el Inpec, estudian la adopción de medidas de seguridad para el personal de custodia y vigilancia, así como la adquisición de un seguro de vida grupal y el incremento de una prima de seguridad.

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