La fracasada guerra contra las drogas

Se acaban de cumplir 50 años de lucha frontal contra las drogas luego que Richard Nixon declaró que su tráfico era el “enemigo público número uno” y que se requería un enfoque “duro” contra este “crimen”, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. A partir de allí las cárceles se llenaron de consumidores y expendedores, aparecieron en el mercado múltiples variaciones de las drogas entre naturales y sintéticas, cuantiosos recursos humanos y financieros se dedicaron en tal lucha, con niveles exagerados de violencia y una diversidad creciente de delitos relacionados con el narcotráfico.

La declaratoria de guerra a las drogas rápidamente adoptada por la comunidad internacional, no produjo los resultados esperados. Al contrario, los altos precios del producto en el mercado de consumidores, estimulan los riesgos de quienes hacen una relación del costo y el beneficio del negocio aunada a la incapacidad de las autoridades para ejercer su obligación de aplicar justicia y la impotencia de los gobiernos para ofrecer a los cultivadores opciones pertinentes para salir de la ilegalidad. Hoy Colombia y Perú vuelven a ser reconocidos como los países más cultivadores de hoja de coca en el mundo a pesar de que la guerra ha sido una guerra, con todo lo que ella implica en vidas, recursos y confianza de la sociedad.

A pesar del prohibicionismo, unos 81.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en el año que finalizó en mayo de 2020, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, debido, esencialmente, a un número récord de sobredosis de opioides (especialmente por fentanilo), según El tiempo 20 de junio 2021.

El Servicio de Información de las Naciones Unidas, dio cuenta en junio de 2020, de que alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo durante el 2018, lo cual supone un aumento de 30% con respecto al 2009, mientras que más de 35 millones de personas sufren trastornos por el uso de drogas, de acuerdo con el más reciente Informe Mundial sobre las Drogas, lanzado el día de hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

El Informe también analiza el impacto del COVID-19 en los mercados de drogas; si bien sus efectos aún no se conocen plenamente, las restricciones fronterizas y de otro tipo vinculadas con la pandemia ya han provocado escasez de drogas en las calles, lo cual ha dado lugar a un incremento en los precios y a una reducción de la pureza. En Colombia se estima que alrededor de 2,3 millones de personas (9,7% de la población entre los 12 y 65 años) han consumido sustancias ilícitas en algún momento de su vida.

A su vez, hay más hombres que mujeres que dicen haberlo hecho. La marihuana continúa siendo la sustancia ilícita de mayor consumo en Colombia. El uso reciente o durante el último año de dicha sustancia fue declarado por el 2,7% de los encuestados, que equivale a 637.000 personas. La cocaína es la segunda sustancia ilícita de mayor consumo en el país. Se estima que 136.000 personas entre los 12 y 65 años -el 0,6% de los encuestados- la consumieron en el último año.

Si hay demanda, no faltará la oferta. El negocio es muy lucrativo. Respecto a la producción, se siguen aplicando los mismos remedios y por ello logrando los mismos resultados. No dejamos de darnos contra la pared. La erradicación forzada y la fumigación son las principales rutas de lucha contra los cultivos expandidos. Sin acertar. La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés) acaba de señalar que Colombia presentó un aumento del 15% en los cultivos de coca en 2020.

La UNODC detalló que el área sembrada con coca pasó de 154.000 hectáreas (ha) en 2019 a 143.000 ha en 2020. El gobierno de Duque tuvo que agachar la cabeza porque las cifras reportadas por parte de la Naciones Unidas eran mucho más optimistas. La conclusión: cruzar cuentas. Ahora se anuncia el regreso de las fumigaciones con glifosato, historia largamente repetida e inoficiosa.

La opción de la sustitución de cultivos ilícitos por legales, poco se considera. Falta voluntad política para reconocer que esa alternativa, más eficaz, exige irrigar la presencia del Estado por todo el territorio, con presencia no solo de fuerza pública, sino principalmente con inversión social, camino más fácil que la legalización, la solución real a la que en cualquier momento de la historia tendremos que llegar.