Fiscal General anuncia gran política de Estado para la lucha contra las bandas criminales

239 órdenes de captura por desapariciones, homicidios, desplazamientos y múltiples crímenes registrados entre abril de 2014 y febrero de 2015 en el Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), fue la cifra revelada por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, durante la reunión que sostuvo con Joel Motley, Presidente de Human Rights Watch y José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de la misma ONG.

El encuentro que tuvo como objetivo analizar los altos índices de violaciones a los derechos humanos en el Puerto, buscar estrategias para frenar los desmembramientos de los que están siendo víctimas los ciudadanos y fortalecer la presencia del Estado en la región.

Así, el Fiscal General reiteró el compromiso de la entidad con el trabajo que desde ya se adelanta con la Presidencia de la República en la consolidación de una política integral para desarticular todas las bandas criminales y organizaciones ilícitas dedicadas a violentar a la población y lucrarse del negocio del narcotráfico y la extorsión.

Según investigaciones adelantadas por la Fiscalía, 1200 bandas corresponden a dichas asociaciones ilícitas identificadas y el resto a miembros de las cuatro grandes estructuras criminales como el Clan Úsuga, Los Rastrojos, Bloque Libertadores del Vichada y Bloque Meta, que operan en el país y que ya superan los 3500 integrantes.

“Estas organizaciones además de cometer actos de delincuencia común, de forma conexa, han venido cometiendo delitos propios de un conflicto armado de violaciones a los derechos humanos”, resaltó el Fiscal Montealegre y agregó que la solución para estas graves violaciones no puede limitarse al derecho penal.

“Esto requiere unas políticas sociales muy a fondo, que involucren prevención y protección desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y un tratamiento penitenciario, porque es allí donde vuelve y se recicla el crimen. La reforma del sistema penitenciario debe ahondar seriamente en la resocialización y en el trabajo social de campo con las víctimas”, señalo el jefe del ente acusador.

Montealegre Lynett indicó que el reto para la Fiscalía es producir una modernización tecnológica que permita la lucha contra el crimen organizado, como es el tema de interceptación legal e investigación en contexto que permita desarticular no solo la organización en sí sino las fuentes económicas de financiación con el apoyo de la Policía Económico Financiera del Estado y la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN).

El grupo de priorización de la Fiscalía conformado desde hace un año por 35 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para atender temas de desaparición y desmembramiento, ha registrado 6 casos en los últimos meses, el más reciente ocurrido el 21 de diciembre contra dos jóvenes de 18 y 19 años dedicados a la construcción y cuyos cuerpos fueron encontrados un mes después por la Fiscalía. Por estos hechos fueron capturadas 11 personas.

El Grupo especial de trabajo para Buenaventura será reforzado con dos fiscales y dos más para el tema de crimen organizado con el fin de desarticular todos los focos de violencia que operan en el Pacífico.

El Fiscal General de la Nación no descartó que en un futuro el aparato judicial colombiano de la mano con el gobierno pueda generar políticas de sometimiento de las organizaciones delincuenciales. “Las bandas criminales no son actores del conflicto y no se van a combatir en términos de DIH, se les va a proponer una política de sometimiento y principio de oportunidad”, concluyó.