El Código Penal vigente en Colombia hasta el año 2000 caracterizaba un delito denominado estupro, consistente en conquistar los favores sexuales de una mujer mediante ofrecimientos engañosos. Algunos profesores se lo explicaban a los primíparos aspirantes al título de abogado de una forma picante y sencilla: “estupro es prometer para meter y después de haber metido, no cumplir lo prometido”.

Jorge Gómez

Jorge Gómez

El Gobernador de Antioquia ha incurrido en una conducta, que por analogía, podría tipificarse como un “estupro electoral”.

En la campaña que adelantó para ser elegido y con el claro propósito de conquistar el voto de ambientalistas y personas preocupadas por la grave amenaza ambiental que el Túnel de Oriente implica para el agua en la montaña de Santa Elena, afirmó en diversos escenarios y de una forma deliberadamente ambigua: “el proyecto es necesario, pero no prioritario” VEA ESTE LINK El Túnel de Oriente. Infraestructura de Antioquia, parte 2 de 3

En medio de la ambigüedad, quedó claro que al menos, no era prioritario. Muchos votaron por él porque aparentemente era la antítesis de su rival Álvaro Vásquez, defensor explícito del proyecto.

Han pasado 33 meses y el propio Gobernador “más educado” acaba de presentar a la Asamblea Departamental de Antioquia un proyecto de ordenanza que lo facultaría para comprometer vigencias futuras para el proyecto hasta el año 2018 y en la exposición de motivos, nos informa que éste “fue declarado de importancia estratégica en reunión ordinaria del Consejo de Gobierno del 3 de junio de 2014, según consta en el Acta No. 116”

¿En qué quedamos entonces doctor Fajardo? Es obvio que algo no prioritario, no puede calificarse simultáneamente como de importancia estratégica. Ahí sí, como diría el campesino, o es gallo o es gallina. Lo que es de importancia estratégica, según el diccionario es trascendental que tiene gran importancia para el desarrollo de algo.

Surge una pregunta que seguramente, como todas las que se refieren a aspectos concretos, se quedará sin respuesta por parte del inefable gobernador: ¿qué cambió entre octubre de 2011 y junio de 2014 en el proyecto Túnel de Oriente en lo relativo a su importancia? ¿Por qué lo que era de interés no prioritario en campaña electoral, se convirtió en de interés estratégico en el ocaso de su mandato?

El mandatario tramita cerca de $50.000 millones para entregar a los codiciosos contratistas dueños de la concesión, quienes son a la obra pública, lo que las EPS a la salud: intermediarios parásitos. La solicitud la hace justo en el momento en que la Contraloría General de la República produce un documento denominado Función de Advertencia.

Devela el texto que los recursos hídricos de Santa Elena siguen corriendo grave riesgo por la construcción del túnel y lo que es más grave, evidencia que la licencia ambiental fue modificada a solicitud del Gobernador Fajardo y mediante Resolución emitida por CORNARE, mintiendo acerca de los estándares internacionales permisibles para el abatimiento o pérdida de aguas.

Mientras la licencia y el Estudio de Impacto Ambiental afirman que 0,5 litros/segundo/100ml es un nivel apropiado y tolerable, la Contraloría dice que para el caso del túnel de oriente la pérdida no puede superar los 0,08 litros/segundo/100ml. ¡Seis veces menos!

Aunque el delito no exista actualmente, ni sea igual al que desapareció en los albores de este siglo, los ciudadanos tenemos todo el derecho a penalizar estas especies de estupros electorales. Para ello contamos con herramientas diferentes a los juzgados y la cárcel, pero de alta efectividad: la denuncia pública, la movilización ciudadana y la construcción de nuevas alternativas políticas y electorales que proscriban el engaño.

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Redacción Minuto30

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