El Consejo de Estado le ordenó a la alcaldía de Bogotá reforzar la seguridad de los alrededores del Palacio de Justicia, tras el desorden público presentado el pasado 8 de febrero.
En las pasadas manifestaciones, ciudadanos impidieron la entrada y salida de los magistrados y funcionarios del Palacio. Por lo que el Esmad tuvo que intervenir.
Ante los últimos disturbios, el Tribunal Supremo ordenó un reforzamiento de la fuerza pública «y el establecimiento de controles del tráfico» en los alrededores.
Además, como medida por las manifestaciones que fueron convocadas para el próximo 22 de febrero, mismo día en que se llevará a cabo la nueva votación para escoger la nueva fiscal.
Asimismo, solicitó al alcalde, Carlos Fernando Galán, asegurar «los derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, a la libertad de locomoción, a la vida de los manifestantes pacíficos».
Y que se tomen «las medidas necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores».
El magistrado Rodríguez indicó que comprende la ‘gravedad’ de las protestas a las afueras del edificio Alfonso Reyes Echandía. Pero señaló que es improcedente la suspensión de la elección de Fiscal.
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