El Alcalde de Medellín viene dando tumbos y retumbos en estos primeros días de mandato.

Primero nombra un pensionado como secretario de educación que no se pudo posesionar debido a dificultades con los trámites para poder acceder a un cargo público, aunado a su edad próxima al retiro forzoso establecido en la normatividad de la función pública.

Ignorar esto es una muestra de escaso conocimiento del cargo que desempeñará como primera autoridad de la ciudad y con sus actuaciones posteriores y las tonterías que hablan sus secretarios de despacho, se está cocinando una debacle de gran envergadura en la ciudad que con mucho esfuerzo y el trabajo mancomunado de las administraciones anteriores ha logrado ubicarse como un referente de progreso, administración eficiente y una muestra de resiliencia de sus habitantes que han superado estigmas y dolores profundos por el accionar de combos, sicarios y carteles que solo trajeron estropicios inmensurables.

Desde el paro propiciado por una serie de inconformes (algunos válidos y muchos no tanto) en el año anterior se puede notar la diferencia entre el concepto de autoridad serena y seria y la guachafita que pretende entronizar este individuo que logró notoriedad con las dificultades de Hidroituango y alcanzó con base en una campaña populista a llegar a esa dignidad que parece le quedó muy, pero muy grande.

Lo sucedido el 21 de enero muestra con claridad que el vandalismo campea a sus anchas en la ciudad que, durante las jornadas que se presentaron en el año 2019, no pudo aparecer debido a que teníamos un ALCALDE, con mayúsculas que hizo respetar a la ciudad y sus habitantes.

Atacar a la policía, vandalizar establecimientos de comercio, originar caos en la movilidad de los habitantes que no comparten esas protestas injustificadas a todas luces, permitir que esas hordas de desadaptados hagan y deshagan, patrocinar el cierre de esas protestas con conciertos, ordenar a su secretario de gobierno que acompañe a los marchantes dando por sentado que la protesta es justa y apoyada por la autoridad local es, sin lugar a dudas, una clara demostración del desconocimiento que tiene este pelafustán de las obligaciones adquiridas al asumir el cargo de alcalde (este con minúsculas pues hasta ahora solo ha demostrado ser un majadero).

Salir a limpiar los desastres de sus apoyados es populismo barato.

Este mandatario tiene la obligación constitucional de preservar y efectuar todas las acciones pertinentes para respetar los derechos de todas las personas naturales y jurídicas que se asientan en la ciudad y el derecho a la protesta no es superior a ningún otro.

El libre tránsito, la vida, la salvaguarda de los bienes públicos y privados y muchos otros son iguales y en algunos casos superiores al derecho a la protesta y este no puede, bajo ninguna circunstancia, coartar o menguar su ejercicio.

Propiciar que esto suceda es una falta gravísima que el ministerio público debe investigar de oficio para tomar los correctivos pertinentes y drásticos que sean necesarios.

De otro lado los perjudicados con el accionar de estos vándalos, auspiciados por esas políticas de apaciguamiento tontarrón, deben conformar un frente común para que se demande al funcionario que permite por omisión de sus deberes como autoridad de la ciudad, que sucedan este tipo de acciones que atentan contra su integridad física y patrimonial.

Destruir fachadas, generar pánico, impedir la movilidad, coartar los derechos de los demás son delitos punibles que no pueden ser patrocinados por ninguna autoridad y si esta omite tomar decisiones que los garanticen es una manera fehaciente y probada de su incapacidad para gobernar. Debe ser destituido de inmediato sin apelaciones ni contemplaciones.

No se puede gobernar con eufemismos impuestos por las tendencias progresistas que llaman a los narcoterroristas líderes sociales y a los vándalos muchachos imberbes en proceso de formación para la vida. Son facinerosos y punto.

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Redacción Minuto30

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