“Es competencia de Contraloría”: Fiscalía sobre denuncia de Mauricio Lizcano por 4.5 billones en contratos del gobierno Duque

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que los documentos suministrados por Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia -DAPRE- para iniciar investigaciones, no le competen a esa entidad y remitirá la situación a la Contraloría.

“Mauricio Lizcano, compartió una serie de documentos relacionadas con el presupuesto ejecutado por parte de varias entidades del Estado por concepto de prestación de servicios que
en su concepto serían nóminas paralelas por la contratación de personal para los años 2021 y 2022 que ascendería a 4.5 billones de pesos”, dijo la Fiscalía.

La información, fue enviada por el funcionario a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, donde Lizcano advertía sobre algunas irregularidades encontradas, entre ellas, “política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios”, ya que existiría similitud en el objeto contractual que ejecutaría la prestación de servicio y las tareas que deben realizar los funcionarios contratados de planta, además de que algunas personas son contratistas en varias entidades del Estado.

Según el comunicado de la Fiscalía, Lizcano en su declaración recalcó que “La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro».

La solicitud del director del DAPRE hace referencia a una auditoría sobre estos contratos y esto sería una función de la Contraloría: “La revisión de los documentos realizados por la Fiscalía establece que una labor de escrutinio fiscal no es competencia del ente acusador por cuanto se desbordan las funciones y competencias de la entidad”, explicó la Fiscalía.

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La Fiscalía trasladará la situación a la Contraloría

Ante esto, el ente acusador manifestó que remitiría la información a la Contraloría General de la República, para que si lo consideran necesario, realicen una auditoría a los contratos que presenten irregularidades y si se diera algún hallazgo, esta entidad compulsara copias a la Fiscalía para establecer acciones penales.

“En 10 o 12 días, entre el 10 y 12 de septiembre, está programada la votación en comisiones terceras en Cámara de Representantes y de Senado, porque tiene mensaje de urgencia.” https://t.co/xethTGitNy

— Minuto30.com (@minuto30com) September 1, 2022