En beneficio de los discapacitados. Por Olga Suárez Mira.

El pasado martes en compañía del senador Hernán Andrade citamos a un debate de control político, sobre discapacidad, a los ministros de Hacienda, Educación, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Agricultura, Salud y Trabajo. Desafortunadamente ninguno asistió, razón por la cual el Senado en pleno aprobó una moción de observación para los titulares de estos despachos, con el objetivo de que le presten la atención debida a las citaciones que les hace el Congreso.

Olga Suárez

Obviamente es muy preocupante que los ministros ignoren un asunto de tanta importancia para el país, porque se trata de una población que no solo merece acciones solidarias de la comunidad en general, sino decisiones concretas del Gobierno.

Para este debate hice una juiciosa revisión de los programas y proyectos contemplados por el Gobierno para la Población en Condición de Discapacidad, en el Conpes166 de 2013. Pero es necesario hacerle algunos ajustes para ponerlo en práctica en corto plazo.

La primera preocupación que me asalta sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha tenido con esta población, es su identificación. Según censo del Dane de 2005, en Colombia hay 2 millones 650 mil personas en condición de discapacidad, pero una identificación posterior realizada por el mismo Dane y transferida luego al Ministerio de Salud dice que en el país hay 1 millón 62 mil 917 discapacitados. ¿Eso quiere decir que en 9 años disminuyó el número de compatriotas en situación de discapacidad? ¿Cuál es la cifra real? Yo pienso que el origen de las incipientes acciones que ha desarrollado el Gobierno en esta materia, nace de la ausencia de cifras reales que permitan desarrollar programas concretos en beneficio de esta población tan olvidada.

Las cifras sobre la población en situación de discapacidad son muy preocupantes. El 22.5% son analfabetas. El 31.8% no ha recibido ningún tipo de educación, el 30% no ha terminado la primaria y el 16% no ha finalizado secundaria. Solo el 27.5% de las personas registradas no están afiliadas, mientras que el 72.5% pertenecen al régimen subsidiado. De cada 100 personas registradas el 78.2% dice que no se está recuperando. Los temas de la educación y de la salud sumados a la escasa generación de empleo para los colombianos en situación de discapacidad, se convierten en un reto para este Gobierno que tiene una de sus metas principales fijadas en beneficiar a las poblaciones vulnerables.

Mis propuestas buscan que los objetivos de todos los ministerios lleguen a todas las poblaciones del país. Por eso creo el Ministerio de Hacienda debería apropiar un rubro del Sistema General de Participaciones para los niveles nacional, departamental y municipal con destinación específica a programas dirigidos a la población discapacitada. En la misma línea propongo crear el Instituto Nacional para la Discapacidad, fusionando los institutos para sordos (Insor) y ciegos (Inci) que se encargue de ejecutar y hacerle seguimiento a toda la estrategia en el territorio nacional.

Ahora, el compromiso con esta población no sólo le debe competir al Gobierno Nacional. Los sectores públicos y privados están llamados a generar puestos de trabajo, en compensación a los beneficios tributarios que ofrece nuestra legislación. Y la ciudadanía en general debe eliminar las barreras para facilitar las tareas a quienes pueden ofrecer grandes transformaciones al país en esta materia.

Insistiremos en realizar este debate de control político con estos ministros, porque esperamos un compromiso real con la población en condición de discapacidad de todo el país. Y a la vez respaldaremos todas las acciones que vienen desarrollando todo tipo de organizaciones para su beneficio.