El riesgo de la ilegalidad en el Plan de Desarrollo 2012-2015

Volver sobre temas puntuales de la ciudad de Medellín, finalmente nos hace sentir cansancio de ciudadanía, de juridicidad y de legalidad y nos revela que existe una inseguridad, tanto o más grave que la personal y comunitaria, cual es la inseguridad jurídica.

Por: Nelson Hurtado Obando *

Sea que se asuma la definición del DRAE o se adopte el concepto socio-político, subversión, es todo aquello que daña o destruye, pero también aquello que está por debajo de la versión, en un referente de respeto y normalidad del acontecer ciudadano.

Así, desde hace ya varios años, he dicho, – no Fajardo-, que la corrupción, sea pública, privada o mixta, es una especie de subversión, por lo menos igual o mucho más peligrosa y dañina que la de las Farc con sus cilindros, caballos o bicicletas bombas, en tanto agrega unos elementos que configuran asalto a la buena fe, a la moralidad administrativa, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima, en las relaciones que se tejen entre administración pública y ciudadanos-administrados. ¡Hay ciertamente una especie de traición!

Y es una especie de traición, de infidelidad, de deslealtad, frente a los deberes funcionales, que a los servidores públicos les imponen la constitución, las leyes y los reglamentos, deberes funcionales que recientemente se han intentado suplantar por los deberes subjetivos de cada gobernante, por sus deseos subjetivos personalísimos, por sus propias concepciones sobre el bien o el mal o por lo que consideren como lo más conveniente y útil a la comunidad.

Ansioso de conocer a la hora de escribir este artículo, el texto definitivo y finalmente aprobado por el concejo como acuerdo de Plan de Desarrollo de Medellín 2012-2015, debo conformarme con el texto que consta en el proyecto de acuerdo 017 de 2012, que cuelga en la página web del concejo de Medellín, páginas 257 y 258 y en lo que concierne con el llamado plan de obras públicas viales y por valorización a ejecutar en el barrio El Poblado o comuna 14 de Medellín.

Sabían de antemano, el actual alcalde de la ciudad y el concejo de Medellín, que el acuerdo 16 de 2008 o Plan de Desarrollo 2008-2011 del ex alcalde Salazar, por disposición legal expresa, feneció el 31 de diciembre de 2011 y que además se encuentra demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo mismo que las resoluciones decretadoras de dichas obras viales expedidas por el ex alcalde Salazar en su momento, por ostensibles violaciones de la Constitución, las leyes y los acuerdos y por otras falencias de forma y fondo, para la validez de los actos administrativos y que vulneran el Derecho Fundamental al Debido Proceso administrativo, establecido como garantía irreductible de los derechos de los ciudadanos-administrados.

Más a pesar de lo anterior, el actual alcalde de la ciudad y el concejo de Medellín, acaban de incluir, nuevamente, en el acuerdo de Plan de Desarrollo de Medellín 2012-2015, el mal llamado plan de obras públicas viales por valorización en El Poblado y agregan que: ”Con base en decisiones que la Ciudad tomó desde el cuatrienio anterior, la Administración culminará el proyecto que fue aprobado desde el Plan de Desarrollo 2008-2011 para la ejecución de obras viales identificadas y por ejecutar en El Poblado…Los recursos por valorización ascienden a $380.958 millones.” , y agrega: “Mediante el presente Plan de desarrollo, se ordena mantener decretadas las siguientes obras como susceptibles de ser financiadas por valorización.”

Ningún ciudadano, simple, raso, llano, común, silvestre, podrá encontrar en lo anterior, irregularidad o vicio alguno; incluso muchos celebran fastuosamente que el plan vial El Poblado siga en pie, desde el falso sueño que se les ha creado, de que la congestión y los tacos vehiculares en este barrio, desaparecerán con las dichas obras viales y que podrán circular en sus autos a mayores velocidades o por lo menos reducir sus tiempos de viaje. Nada más alejado de la realidad. ¡A más vías, más carros y mucho más congestión en las ciudades.!

Pero, como ciudadano y abogado, leer el texto puntual, sobre el llamado plan vial en El Poblado y por valorización, consignado en el acuerdo de Plan de Desarrollo de Medellín, para el cuatrienio 2012-2015, no produce sino estupor, una especie de desfallecimiento, unas ganas de claudicar como ciudadano y como abogado, pues siente uno en la piel y en el alma, ese mismo aliento, ese mismo sudor frio que nos arropa ante una situación de peligro, que minimiza  la seguridad personal o comunitaria, pues que aun no tratándose de ella, si es de su misma estirpe, pues no es otra que la inseguridad jurídica, que finalmente se concreta en ilegitimidad, ilegalidad y en no pocas veces en sofisticada tiranía, encubierta en los famosos “indicadores de producto e indicadores de resultado”, símbolos de lo “in”, de lo “actual” en administración, como medio estadístico, para sostener que aunque todo sea contrario a la realidad, todo deviene “políticamente correcto”.

Pero han olvidado, tanto el alcalde, como el concejo, que juraron cumplir y defender la Constitución y las leyes, las ordenanzas y los acuerdos y que la Utilidad Pública o el Interés Social,  no son cantinas que puedan llenarse, con criterios, deseos, gustos, preferencias, buenas intenciones, de orden personal, subjetivo, caprichoso o arbitrario, y que la constitución ordena a la acción administrativa pública e incluso privada, tender a la realización del bien común, la utilidad pública o el interés social, desde referentes objetivos, a los cuales no bastan ni las estadísticas, ni las consideraciones de amorfas mayorías, ni de foros de participación ciudadana, pues se ordena desde la constitución que existan al unísono y coetáneamente CAUSAS y FINES de utilidad pública o interés social, objetivos e indubitables.

Quiere decir lo anterior, que en el acuerdo de Plan de Desarrollo 2012-2015, para el cuatrienio del alcalde Gaviria Correa, se insiste en vulnerar y se vulnera nuevamente el ordenamiento jurídico, de otra manera, desde la ADMINISTRACION PÚBLICA, se profieren actos administrativos que riñen con la constitución y las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, en suma, no solo se actúa ilegítimamente, sino que se actúa ilegalmente y baste decir, que en los textos arriba citados del acuerdo de plan de desarrollo 2012-2015, en tan cortos y breves textos, hay plurales y numerosos problemas de orden jurídico, que podrían significar, presuntamente: abusos de autoridad, usurpación de funciones públicas, prevaricato, detrimentos del patrimonio público, algún tipo de falsedad, etc., que mejor sabrán mis colegas penalistas.

¿Dónde estaban la Contraloría y la Personería, durante la discusión del proyecto de acuerdo de Plan de desarrollo 2012-2015?

Lo anterior, para mencionar, que existe un adefesio jurídico mayor, que presuntamente comprometería la responsabilidad patrimonial del municipio de Medellín, desde la actuación administrativa de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, que ha iniciado procesos de expropiación administrativa, respecto de bienes del espacio público, sobre  los cuales, la constitución impone, no un deber, sino una obligación clara, expresa, imperativa, coherente, contundente, cierta, como es :”…la protección de la integridad del espacio público…”, obligación unilateral, unidimensional, irrefragable, inequívoca, no escindible, como conquista constitucional del Derecho a la Ciudad y para la plena garantía y realización de la calidad de vida de todos sus ciudadanos y de la ciudad sustentable, lo que involucra derechos fundamentales y colectivos, ahora amenazados o puestos en inminente peligro por el mal llamado plan de obras públicas viales, por valorización en El Poblado.

¿Repasarían los concejales, los antecedentes españoles de las normas constitucionales colombianas que consagran la utilidad pública o interés social y el espacio público y como consta en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991?

Quiero decir, que aunque tengo mil razones de orden científico, técnico y jurídico, para no estar de acuerdo con dicho plan vial en El Poblado, incluso debidamente ratificadas por los mismos estudios técnicos de la Dirección de Planeación, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría del Medio ambiente y de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín y por las causas o MOTIVACIONES que constan en las actas del concejo, todas ellas las perdonaría, si dicho plan hubiera sido adoptado conforme a lo que ordenan la Constitución, las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, en tanto, como ciudadano y como abogado, estoy convencido y creo en que: “La paz es el respeto al derecho ajeno” y el plan de desarrollo de Medellín 2012-2015, como el del anterior cuatrienio, no respetan los derechos de los ciudadanos-administrados, de otra manera, dicho plan, desde sus dimensiones e implicaciones económicas y sus vínculos interesados con otros sectores de la economía local, el mensaje que envía, en lo puntual de este artículo, es que: ¡La ilegalidad sí paga!

Frente a la inseguridad jurídica que nos corroe como sociedad, como ciudadano, guardo la esperanza de encontrar en la jurisdicción contencioso-administrativa, un JUEZ, abogado-jurista, no técnico-legal, que no tenga su toga enredada en los pestillos de puerta de directorio político, que profiera con todo el rigor jurídico, las SENTENCIAS oportunas y prontas, antes de que sea demasiado tarde, requerimiento legítimo, constitucional y legal, en tanto acciones en curso, tienen establecidos procedimientos ágiles, breves y sobre todo PREFERENTES.

¡Encendidos los bulldozers, para la CIUDAD COMPETITIVA, las sentencias pasarán a su última morada, en la marquetería de la esquina y toda la sociedad perderá y perderá la poca fe que le queda en su Jueces! ¡Serán los tiempos de las nuevas barbaries!

La TRANSPARENCIA de la administración pública se origina, en el cabal sometimiento y respeto del gobernante, a las formas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, para la validez de las acciones y los actos administrativos, en tanto tiendan a la realización del bien común y de la utilidad pública o interés social, como causas y fines en sí. La transparencia, no es cuestión de cifras, ni de estadísticas, rendiciones de cuentas y mucho menos objeto de ferias o shows mediáticos. Hacia el 2009, una humilde vendedora de tintos me dijo: “En La Alpujarra, la transparencia es un vidrio polarizado, solo se ve de adentro hacia afuera”. ¡Pedimos que el Dr. Aníbal Gaviria, como alcalde y como LIBERAL, le dé la vuelta al vidrio!
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