El procurador colombiano pide que la CPI actúe si hay impunidad en el proceso de paz

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, se reunió hoy en La Haya con autoridades de la Corte Penal Internacional (CPI) a las que pidió que intervengan si en el proceso de paz con las FARC se acuerdan mecanismos de justicia «restaurativa» que conduzcan a la «impunidad».

Foto EFE/Archivo

La Procuraduría, que en Colombia ejerce como el Ministerio Público, informó en un comunicado sobre la petición de Ordóñez, quien fue recibido en la sede de la CPI por la primera vicepresidenta, la juez Sanji Monageng, y la fiscal general, Fatou Bensouda.

Ordóñez expresó su preocupación por la posibilidad de que un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC «se base exclusivamente en la justicia restaurativa (verdad y reparación)», dejando al margen cualquier castigo penal exigido por el Estatuto de Roma de la Corte.

Ese supuesto «significaría impunidad, una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país», señaló la Procuraduría, que aboga entonces por un mecanismo que «se adapte a los estándares internacionales».

«Pero de no hacerlo, estaría dispuesta a solicitarle a la Fiscalía de la CPI, en calidad de representante de las víctimas, que active la jurisdicción subsidiaria, buscando que exista un castigo para los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte, es decir, delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio», subrayó.

El procurador ha cuestionado las formas de la negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que comenzó hace un año en La Habana, y también ha criticado instrumentos como el Marco Jurídico para la Paz porque a su juicio abren una puerta a la impunidad.

El Marco Jurídico para la Paz, que fue avalado por la Corte Constitucional el pasado 28 de agosto, fue diseñado por el Gobierno para regular procesos de desmovilización antes de que se hicieran públicos los primeros contactos con las FARC.

Mientras tanto, el presidente ha reivindicado en foros internacionales el derecho de Colombia a buscar un sistema que permita la desmovilización y reinserción en la sociedad de miles de guerrilleros sin que la justicia internacional se convierta en un «obstáculo para la paz».

Según la Procuraduría, la fiscal Bensouda reiteró a Ordóñez su «apoyo a todas las autoridades colombianas en los esfuerzos por alcanzar la terminación del conflicto».

El objetivo de Ordóñez con su visita, cuya duración y agenda no ha sido revelados por la Procuraduría, es «estrechar relaciones» con este tribunal de la ONU a fin de «facilitar el acceso de las víctimas del conflicto a un eventual proceso judicial».

Colombia firmó en 2002 el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.

La CPI ha hecho advertencias de que la suspensión total de las penas a los responsables de crímenes del conflicto armado colombiano equivaldría a un perdón y podría ir en contra del Estatuto de Roma.

Entre las competencias de la CPI están las de juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, siempre y cuando la justicia nacional no lo haga. Bogotá/Bruselas, 3 dic (EFE)