El presidente del Parlamento catalán denuncia al exjefe del espionaje español

El presidente del Parlamento regional de Cataluña, el independentista Roger Torrent, presentó una querella judicial, conocida este jueves, contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español Félix Sanz Roldán y la empresa israelí NSO Group por supuesto espionaje informático.

Torrent y el diputado Errnest Maragall, ambos del partido independentista ERC (izquierda republicana), son dos de las 1.400 personas afectadas, según la prensa, por el ataque con el software Pegasus en 2019, desarrollado por esa compañía, un sistema de espionaje informático que se suministra solo a policías y sistemas de inteligencia de Estados para combatir el crimen y el terrorismo.

En la denuncia, tabién presentada por Maragall, piden que se tome declaración al general Sanz Roldán, jefe de los servicios secretos españoles cuando se produjo el supuesto espionaje, y a los responsables de NSO Group para tratar de clarificar los hechos y determinar los posibles delitos asociados.

Los querellantes sostienen que los hechos «son claramente actos de espionaje (consumados o intentados) de interceptación de comunicaciones, intrusión ilegal en dispositivos informáticos y adquisición y producción de precursores de espionaje».

Torrent denunció el 14 de julio pasado un supuesto espionaje a través de su teléfono celular y exigió que se investigue y se depuren responsabilidades por ser algo «impropio de un Estado democrático».

«En España se practica el espionaje político contra adversarios políticos», afirmó Torrent, quien anunció acciones legales y exigió al Gobierno español que «se investigue y se depuren responsabilidades».

El presidente del Parlamento catalán hizo esta declaración después de que varios medios publicaran la información del supuesto espionaje.

Fuentes del Ministerio español del Interior aseguraron entonces que ni ese departamento ni las fuerzas de seguridad que dependen de él tuvieron ninguna relación con NSO, y recalcaron que las actuaciones de estos cuerpos se rigen siempre por el «escrupuloso respeto de la legalidad».

En Cataluña se vive durante los últimos años una fuerte tensión política entre los partidos independentistas y el Estado español, que llegó al punto máximo en 2017, cuando el gobierno regional organizó un referéndum inconstitucional de «autodeterminación» y el Parlamento catalán aprobó una declaración a favor de la independencia unilateral.

Todo este proceso supuso el juicio y condena de prisión de nueve líderes políticos y sociales soberanistas por delitos de sedición.

EFE

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