Desde el pasado plebiscito de 2016 los colombianos pudimos presenciar el robo más descarado y cínico que se haya visto en nuestra historia reciente a uno resultados electorales, la opción del NO gano contra todos los pronósticos, contra la corrupción y la mermelada que repartió el pasado y nefasto gobierno Santos.

Se hicieron algunas reformas en el congreso que no estuvieron acorde a los cambios que exigíamos quienes pedíamos una verdadera justicia contra el grupo criminal de las Farc, que por décadas azoto a nuestro país de terrorismo, secuestros, violaciones, narcotráfico etc; embargo, se firmo un acuerdo dejando muchos espacios para la impunidad y en contra de muchos sectores de la sociedad que reclamaban justicia.

En las pasadas elecciones a la presidencia de la republica, el pueblo colombiano se expreso libremente y elegimos con amplias mayorías a un joven presidente, que representó el anhelo de una sociedad que reclamaba justicia y cero impunidad para la implementación de los dudosos y poco legítimos acuerdos de paz, sin embargo para mirar hacia adelante y salir de una época oscura de nuestra historia como nación los aceptamos, pero revisando obviamente con lupa su implementación.

Esta implementación de los acuerdos creó al tribunal de la JEP (Justicia Especial para la Paz) como columna vertebral para garantizar justicia, reparación y no repetición por parte de los criminales involucrados en dichos actos de barbarie. Para el correcto funcionamiento de dicho tribunal se legisló en el congreso creando la ley estatutaria que reglamentaria los procedimientos que regirían al alto tribunal.

Luego de firmar los acuerdos de paz en el teatro Colon, las Farc automáticamente reconocieron el ordenamiento jurídico colombiano y se sometieron como lo estamos todos, al estado de derecho, el cual le da la potestad al presidente de la republica de objetar las leyes que considere inconvenientes políticamente para el país, así la corte constitucional las haya revisado y declarado exequibles.

En este orden de ideas el presidente Iván Duque Marquez, representando la gran mayoría de Colombianos que no aceptamos la impunidad como mecanismo de justicia para amnistiar a los crímenes de lesa humanidad, objeta para el bien del país 6 artículos de los 159 de la ley estatutaria, para defender nuestra Constitución y para evitar que las Farc y sus aliados sigan haciendo de las suyas con mil maromas judiciales que eviten la extradición del narcotraficante, terrorista y reclutador de niños; Jesus Santrich.

Una democracia no puede ser debilitada rompiendo nuestros valores fundamentales como son la libertad y la justicia, por el capricho de una cúpula de criminales que se rehúsa a reparar integralmente a sus víctimas, entregar la totalidad de bienes millonarios y más aún, desarticular las ruta de narcotráfico que siguen controlando por medio de sus disidentes, en cabeza de alias el paisa y sus aliados, el cartel de los soles en Venezuela, liderado por Maduro, Diosdado Cabello y sus secuaces en el ejército Venezolano.

Es el momento de corregir el camino y lograr un verdadero acuerdo de paz, donde estemos incluidos todos los colombianos, donde la prioridad sea la reparación de las víctimas y no el premio a los criminales con impunidad, ahora está en manos del Congreso de la república aprobar las objeciones del presidente Duque y lograr un gran acuerdo nacional.

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Redacción Minuto30

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