El odio al desarrollo

Es en este momento una realidad que la política minera en Colombia es un fracaso a gran escala, promovido en algunos pocos casos por la razón, y en otros casos por la desinformación y el odio congénito al desarrollo.

Nuestra historia en el aspecto jurídico minero, generó una ruptura que jamás pensamos tendría tantas consecuencias en el futuro, a partir de la Ley 20 de 1969 (se presentaron algunos antecedentes de esta norma, pero se compiló la política de Estado con la citada) cuando se determinó que los recursos mineros no eran del particular, sino de propiedad del Estado, independientemente de quien fuera el dueño del derecho real de dominio.

Con nuestro Código Civil, quien era el “dueño” de la tierra, tenía la propiedad de los minerales de su territorio, y con la Ley 20 de 1969, cambió el concepto y quedó sepultado con ello, un atributo a la propiedad privada, que tendría consecuencias visibles, a partir del denominado “boom minero”.

Para aquel momento histórico, el concepto de la teoría pública de los minerales, no tenía gran afectación, pues no se veía venir en el horizonte, la llegada de empresas de exploración (que nosotros fuimos a buscar y a invitar) y la apertura económica de un país rural. Existían títulos mineros, pero en su mayoría, la disputa entre territorio, ambiente y población, no era evidente ante la compra de los terrenos de las mismas mineras.

El problema de la minería en Colombia, no nació con la Ley 685 de 2001 (actual código de minas), ni siquiera con el Decreto 2655 de 1988; nació con una decisión económica de volcar los minerales al Estado, y tomar modelos ajenos en cuanto a la titulación minera, sin un sustento técnico aportado por las personas que realmente conocen del territorio nacional desde el punto de vista geológico.

La consecuencia más significativa, fue la posibilidad de declarar la minería como utilidad pública (así sea desarrollada por un privado), y con esto se generan dos derechos necesarios de enunciar: expropiación obligatoria, y servidumbre obligatoria. Estos se otorgan con el hecho de tener un título minero consolidado (acto administrativo más inscripción en el Registro Minero Nacional, otro argumento para que se entienda la razón para asegurar jurídicamente que un título minero no es una mera expectativa) y su razón esencial está basada en buscar el desarrollo económico del país.

El conflicto con la minería en Colombia (que ya está pasando a las vías de hecho) es generado por decisiones políticas y económicas que vienen desde el 69, donde la Colombia rural comienza a dar un paso, a la Colombia presuntamente planificada desde la utilidad pública. Buena o mala decisión, es cuestión de criterio de cada estudioso del tema, sin embargo la realidad es que venimos sembrando hace 50 años, un terreno para la explotación de recursos y apenas hoy, se habla del despertar por la conciencia ambiental, tratando de emitir culpas actuales, a viejas datas.

Entramos entonces, una discordia entre el desarrollo económico, y los derechos que presuntamente se violan a las comunidades con la ejecución de proyectos mineros; sin embargo, lo que se evidencia ante las compañías de cualquier tipo de explotación, es un odio por la actividad y una culpa por cualquier situación que se genere en torno a ello. Es común ya, escuchar que los helicópteros o drones que realizan geofísica, dañan los televisores, radios y marca pasos de cualquier habitante de una población, se llegó a escuchar incluso que quemaban cultivos y evaporaban el agua. También, se habló de explotaciones de títulos mineros que apenas están en etapa de exploración, que hacían actividades por debajo de las iglesias. Un mundo de fantasías auspiciadas por fantasmas que convierten su voz, en la voz del pueblo.

¿En qué momento se volvió la minería la culpable de todos los males acentuados por la ausencia de estado?

Las compañías mineras cometieron errores, que hoy cuestan millones de dólares y dolores de cabeza; no se le explicó a la gente los impactos reales de la minería, que jamás diremos como técnicos del tema, que no existen, CLARO QUE EXISTEN, sin embargo, también es claro que la mitigación ambiental, es una obligación que no pertenece a la Autoridad Minera, sino a la Autoridad Ambiental. Es común ver en conferencias, como se le engañó a la gente, diciéndole que entregaron títulos mineros a dedo, con licencias ambientales incluidas, cuando procedimentalmente es imposible.

Los elementos técnicos ambientales, son retos de las compañías mineras, el Estudio de Impacto Ambiental debe ser el eje fundamental de una comunidad informada, que con elementos de conocimiento pueda realizar verdadera veeduría ciudadana,  conociendo cual es la tasa reinversión, y obligaciones de quienes exploran y explotan el subsuelo en Colombia.

Es común también, ver como se desinforma a la gente, y cuando se le explican las obligaciones de las compañías mineras, siempre mencionan que no se conocía. El contra argumento es acudir a la expresión “es que están sacando más que eso, y al país no le queda nada” y pues claro, ¿quién en cualquier actividad económica, invierte dinero para no ganar?

El Banco de la República en la presente semana, informó que la inversión extranjera en Colombia, en el primer trimestre de 2017 bajó en un 20%. Quizás para algunos que están pidiendo chicha y maíz a grito herido, sea la noticia alegre del momento, sin embargo para un país sumido en la pobreza, en la desigualdad y con todos los problemas que se han generado por la mala expectativa de la industrialización, pésima idea de reforma tributaria, (que no podrá recoger lo esperado, pues la gente no está comprando, está evadiendo, y se está marchando) terminará por generar decisiones antipopulares desde el gobierno nacional, e incluso sin conciencia ambiental, a la hora de aceptar proyectos de infraestructura y desarrollo, por la urgencia de generar recursos para medio mantener el endeudado Estado Colombiano.

Esto sin contar con los riesgos que tendremos internacionalmente, por la negativa de proyectos con derechos otorgados, los pagos que terminarán saliendo de nuestros bolsillos, y las calificaciones negativas internacionales para inversión en Colombia. Este tema no es tan sencillo, de odiar el desarrollo por odiarlo, el tema es de conocer cuales son las posibilidades económicas del platanal, y los efectos que ya se ven, y se multiplicaran por la falta de cordura del gobierno, y las políticas en generación industrial, pero también la deuda histórica de los gobiernos que no han podido organizar la casa en materia minera, pues promocionamos el país a nivel mundial en cuanta feria minera existe, y cuando llegan a invertir, el primer enemigo es el mismo Estado, por los limbos jurídicos permanentes producto de la desarticulación institucional.

Para concluir dos situaciones necesarias de enunciar.

• Oswaldo Ordoñez, doctor en geología y docente de la Universidad Nacional, publicó esta semana la denuncia penal en contra de un activista antiminero, “Fernando Jaramillo”, quien sin argumentos difamó la actividad de los que defendemos el desarrollo y la minería (LA MINERÍA BIEN HECHA, con parámetros técnicos, ambientales y diseños reales de ingeniería). El tema es importante resaltarlo, dado que durante mucho tiempo, se guardó silencio ante la infamia de los que inventan cualquier tipo de cuentos raros, para arengar y mal informar la población; los que defendemos este sector estamos cansados de la falta de debate técnico y las sobras del debate emocional, parcializado y desinformado. Ojalá que la Fiscalía decida pronto el caso, pues no pueden reinar los insultos, sino el debate técnico y jurídico de argumentos.
• El próximo 5 de mayo, en la facultad de minas en la Universidad Nacional de Colombia, se celebrará un foro sobre minería ambiente y sociedad; generado de manera ejemplar por los estudiantes de ingeniería ambiental, que quieren generar argumentos y aportar al debate. La entrada es libre, con previa inscripción en el correo ambienteydesarrolloun@gmail.com

@juancaval