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El Gobierno dijo hoy que estudiará con detalle la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que lo encontró responsable por la desaparición forzada de once personas en la operación de retoma del Palacio de Justicia, ocurrida hace 29 años en Bogotá.
La CorteIDH publicó hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, una sentencia en la que declara «responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos» cometidas en el Palacio de Justicia, tomado por asalto el 6 de noviembre de 1985 por la guerrilla del M-19 y recuperado al día siguiente en una operación militar.
En esos dos días murieron más de cien personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 22 funcionarios, siete auxiliares del tribunal, 11 miembros de la Fuerza Pública, numerosos guerrilleros y civiles, mientras que once personas fueron dadas por desaparecidas.
«El Gobierno acaba de ser notificado. En consecuencia, estudiará detalladamente la sentencia para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance», manifestó el Ministerio del Interior.
La CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica, encontró que el Estado es el responsable por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés y David Suspes Celis.
Igualmente lo responsabiliza de los casos de Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, «así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas».
Esas personas salieron con vida del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985 y fueron trasladadas a instalaciones militares donde, según afirman los familiares y defensores de los Derechos Humanos, fueron torturadas y asesinadas.
En el comunicado, el Ministerio del Interior reitera que el Estado «lamenta los hechos ocurridos hace 29 años en desarrollo de la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19 y acompaña a todas víctimas en el establecimiento de la verdad».
«El Estado continuará trabajando por el esclarecimiento de los hechos y por garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de estas y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno», agrega el comunicado.
Según el Ministerio del Interior, el Estado «ha contribuido y utilizado todos los medios que le permitía el expediente internacional para hacer un digno y justo reconocimiento de responsabilidad a las víctimas del Palacio de Justicia».
Recuerda, además, que en varias ocasiones «ha aceptado su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como muestra de su buena fe y de su deseo de lograr una reconciliación con las víctimas».
También señala que en los casos que han sido probados, las víctimas del Palacio de Justicia han obtenido por vía administrativa una indemnización por parte del Estado.
En septiembre de 2013, el Consejo de Estado declaró que el holocausto del Palacio de Justicia, como se le conoce en el país, es un crimen de lesa humanidad y, por tanto, las acciones judiciales no prescriben.
Por el caso de los desaparecidos está condenado a 35 años de prisión el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien ejercía en la época como comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional, unidad que lideró la operación para recuperar el Palacio de Justicia.
También fue condenado por estos hechos el coronel en retiro del Ejército Alfonso Plazas Vega, quien paga una sentencia de 30 años.
Sin embargo, recientemente se filtró a la prensa que la Corte Suprema estudia una ponencia que busca absolver a Plazas Vega con el argumento de que no hay evidencias que lo relacionen con las desapariciones.
El Ministerio del Interior dijo hoy que, en todo caso, «hay que reconocer que las Fuerzas Armadas de Colombia hoy son instituciones muy apreciadas y respetadas por el pueblo colombiano, gracias a su permanente modernización y avances en la protección de los Derechos Humanos».
La versión más extendida sobre la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 indica que esa guerrilla actuó en alianza con Pablo Escobar, el jefe del cartel de las drogas de Medellín, muerto el 2 diciembre de 1993 en un enfrentamiento con la policía.
Sin embargo, el M-19, que posteriormente depuso las armas y entró en la política, siempre ha negado esa alianza con la mafia. EFE
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