Muchos de los problemas por los que atraviesa hoy el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, son heredaros de administraciones pasadas como lo son las de Eduardo Montealegre, Viviane Morales y Mario Iguarán. Es importante aclarar que muchos de los colaboradores más cercanos de Martínez llevan años en sus cargos y lideran procesos delicados, por lo cual son difíciles de separar de ellos.

De igual forma, al actual Fiscal General le ha tocado asumir la responsabilidad de preacuerdos, negociaciones reservadas, principios de oportunidad, tráfico entre oficinas de abogados con procesos de suma importancia en honorarios y bienes por ocupar y extinguir, que él ya no puede cambiar.

Así mismo dentro de la entidad denuncian que hay una cadena de malas actuaciones de las unidades anticorrupción, delitos financieros y contra la salud, entre otras. También que existen desde hace años bufetes paralelos, sucursales fantasmas o espejo, compensaciones de favores y carruseles de amigos con los fiscales, que comparten honorarios y beneficios, y que a cargo de todo esto estarían funcionarios de planta a los cuales no se les puede investigar ni despedir.

Por otra parte, se cuestionan las facultades de extinción de dominio que se hizo otorgar la fiscalía de Montealegre, para que abogados corruptos denuncien con terceros los bienes de sus clientes para que la unidad de extinción de dominio los ocupen y se los arrebaten en procesos tormentosos.

A todo esto se le suma que también existe una red de fiscales corruptos que ceden a presiones de cualquier índole y reciben importantes sumas de dinero, y se atreven a amenazar a jueces y a magistrados para lograr sus objetivos.

Las posibilidades que tiene el Fiscal General ante este dominio de la corrupción incubado por décadas al interior de la entidad, son mínimas. Y más cuando de afuera llegan cada vez más y más casos.

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Redacción Minuto30

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