El fin de los remates judiciales amañados

Creo que a todos se nos ha pasado por la mente, en algún momento de nuestras vidas, la posibilidad de comprar una casa, un apartamento o un bien en un remate judicial. Desafortunadamente, los tecnicismos jurídicos y la falta de transparencia que rodean los procesos hacen que acceder a este mercado no sea tan fácil como debería serlo. Afortunadamente, de la mano de la tecnología las cosas están por cambiar.

Ante todo, para nadie es un secreto que los remates son una gran oportunidad de negocio, dado que, en promedio, los bienes se adquieren entre el 70%-80% del valor comercial, lo cual representa un ahorro para nada despreciable.

Sin embargo, la legislación que actualmente rige estos procesos hace que solamente unos pocos, que se mueven intrépidamente de juzgado en juzgado, controlen este escenario, lo que genera que los remates, lejos de ser un proceso abierto al público, sea sumamente cerrado y excluyente.

Debido a esta razón, radicaré un proyecto de ley que busca implementar el uso de medios tecnológicos para llevar a cabo los remates judiciales. Como siempre lo he dicho, debemos poner la tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción.

En primer lugar, la iniciativa cambiaría el mecanismo de publicación del remate, debido a que actualmente la ley establece que para dar a conocer al público que un bien está en este proceso, se debe listar en un periódico de amplia circulación.

Al respecto, esta era una figura útil hace más de 25 o 30 años, cuando no había internet, el mundo se conectaba a través del correo postal o el beeper y era común que la prensa impresa fuera leída en las casas. No obstante, es un sin sentido que en pleno 2020 las dinámicas judiciales sigan acatando procedimientos del siglo XIX-XX. Si somos realistas, actualmente nadie le pone atención a la sección judicial de los diarios.

En consecuencia, el proyecto pretende que la publicación de los bienes a rematar se realice en una página web a la que toda la ciudadanía tenga fácil acceso y donde, adicionalmente, haya fotos y/o videos que los permitan identificar plenamente. Es decir, los colombianos podremos conocer abiertamente el inventario de casas, apartamentos o carros que se están rematando en el País, tal como sucede en plataformas como metro cuadrado o finca raíz, solo por mencionar un par de estas.

En segundo lugar, la presentación de las ofertas para quedarse con el bien se tendrá que realizar por intermedio de la misma página web con inscripción previa, lo que elimina, de una buena vez, la tediosa gestión de los intermediarios que se pasean por los pasillos de los juzgados como reyezuelos en un feudo.

En tercer lugar, para garantizar que cualquier persona pueda pujar tranquilamente, sin presiones ni riesgos, para quedarse con el bien a rematar el proyecto establece que la audiencia judicial donde se adjudica el ítem deberá ser transmitida en tiempo real por medios tecnológicos como Skype, zoom, teams, etc.

Es decir, con esta figura un ciudadano que esté en Medellín puede presentar una oferta para hacerse a un apartamento en Bogotá sin tener que trasladarse de ciudad, con lo cual no solamente descentralizamos los remates judiciales, sino que ampliamos el número de oferentes y le damos un nivel de transparencia nunca antes visto.

Finalmente, la iniciativa establece que será el Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de las TICS quien determinará si para hacer realidad esta ley será necesario crear una nueva página web o si se podrá utilizar alguna de las plataformas tecnológicas que actualmente tiene el Estado.

En todo caso, sin importar cuál es la decisión, lo cierto es que el mecanismo digital que se utilice deberá permitir la consulta pública de fácil acceso, la inscripción segura de los ciudadanos y la reserva de la oferta con su respectiva custodia por parte del juez.

Sin lugar a dudas, la tecnología es nuestra mayor aliada para luchar contra la corrupción. Gracias a ella y de la mano de este proyecto, los remates judiciales dejarán de ser controlados por unos pocos ventajosos para ser procesos abiertos y transparentes a todos los colombianos.