En la revista Semana que comenzó a circular este 21 de agosto de 2017, aparece publicado un artículo titulado “La voltereta”, en el que se relata la manera, y sin explicación jurídica que satisfaga, cómo la corte, cuando investigó al senador conservador Hernán Andrade, pasó de endilgarle los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado, para lo cual en su debido momento procesal no ahorró calificativo jurídico alguno que indicaba la probable comisión por parte del congresista de las conductas punibles investigadas, pero de un momento a otro, sin razón jurídica plausible, pasó a atender todas las explicaciones defensivas del senador, en su momento desechadas por completo, y de contera a proferir una decisión de fondo favorable al encartado. Todo indica que no se presentó ninguna situación probatoria nueva favorable que explicara “la voltereta”.

Los que trasegamos por estos terrenos sabemos que ello no sucede nunca así y que una persona investigada penalmente no resulta exonerada de la noche a la mañana como si nada, como se dice en el artículo. Parece que la explicación se encuentra en la concurrencia de dos personajes, hoy en tela de juicio: el ex abogado litigante y ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera y el ex magistrado de la Sala Penal de la Corte, José Leonidas Bustos; el primero, para la época defensor de Andrade, y magistrado de la corte que absolvió al congresista, el segundo.

Sin lugar a dudas es este un episodio judicial que deja muy mal parada a la Sala Penal de la Corte, lo ocurrido no tiene explicación legal satisfactoria, así vengan ahora, que no lo van a hacer, los magistrados de ese momento a tratar de justificar, lo cual hace que necesariamente deban ser investigados todos los miembros que integraban esa sala. Cuántos procesos fueron resueltos de esa manera? No lo sabemos, por ahora se dice que también Luis Alfredo Ramos Botero, que fue defendido por Moreno Rivera, se benefició de este tipo de actuaciones, como también el senador Musa Besaile.

José Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino, ex magistrados y ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, son los que aparecen cuestionados por recibir dinero a cambio de proferir decisiones favorables a congresistas investigados. Y es que de verdad son muchas las coincidencias que generan suspicacias: tanto Hernán Andrade como Luis Alfredo Ramos tenían como defensor a Gustavo Moreno; sus procesos se adelantaron estando estos tres magistrados en la corte; cuando dejaron el cargo de magistrados, Bustos y Ricaurte compartieron oficina con Moreno Rivera; al llegar éste a la fiscalía como jefe de la unidad anticorrupción tuvo a su cargo los procesos del gobernador del Cauca y del ex gobernador de este mismo departamento, y el abogado de ambos es José Leonidas Bustos.

La investigadora y politóloga Elisabeth Ungar, designada por el gobierno para liderar una comisión que propusiera una verdadera reforma al sistema político y electoral colombiano que democratice el ejercicio del poder ahora que se hizo un acuerdo con la guerrilla, se quejaba en días pasados del cabildeo que han hecho los magistrados del Consejo de Estado ante el congreso para que se hunda y esa será la suerte de la tal reforma. En la Corte Constitucional ya se sabe lo que pasó con dos de sus ex magistrados, Jorge Pretelt Chaljub y Rodrigo Escobar Gil, actualmente procesados por corrupción. Y en el Consejo Superior de la Judicatura no hay de qué hacer un caldo, casi todos sus miembros cuestionados por favorecer amigos y familiares facilitándoles las cosas para hacerse acreedores a pensiones millonarias.

El columnista, abogado y profesor de la Universidad Externado de Colombia, Ramiro Bejarano Guzmán, hace algún tiempo viene proponiendo la idea de que todos los magistrados de las cortes renuncien y se instalen otros nuevos, estos sí rectos y éticos, de veras que el cuento de que son unos pocos los corruptos ya no se lo cree nadie, el poder judicial en sus altas esferas se corrompió hace mucho tiempo, apenas están saliendo a la luz pública estos nefastos personajes y vendrán más, el país debe prepararse para ello.

Otra propuesta que debe revivirse es la creación de un tribunal de aforados que tenga herramientas y sobre todo voluntad para investigar y juzgar a funcionarios aforados como magistrados de las cortes y fiscal general de la nación.

Deben buscarse correctivos ya, la situación no da espera, estamos sitiados por la corrupción a todo nivel.

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Redacción Minuto30

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