Ecuador revive pedido de extradición por Santos, a días de su posesión.

La posibilidad de que Ecuador pida en extradición al próximo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por un bombardeo contra una base de la guerrilla FARC en su territorio en 2008, reflotó a días de su investidura, a la que asistirá el gobernante ecuatoriano, Rafael Correa.

Bogota desestima eventual pedido de extradición contra Santos

El fiscal del caso, Carlos Jiménez, dijo el martes que había pedido la extradición de Santos por asesinato, a raíz del ataque del 1 de marzo de 2008, que mató a 25 personas, entre ellas el número dos de las FARC, Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano en la zona fronteriza de Angostura (norte).

La Fiscalía basa su acusación en que el bombardeo fue ordenado por Santos cuando era ministro de Defensa del gobierno de Alvaro Uribe, a quien sucederá el sábado. El presidente electo enfrenta además una orden de arresto preventivo en Ecuador.

En la instrucción fiscal «se le solicita al señor juez que sugiera al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ, José Troya) inicie el proceso de extradición», dijo Jiménez a la prensa.

El juez de la causa, Daniel Méndez, explicó el miércoles sus declaraciones del día anterior, cuando dijo que la Fiscalía no había hecho tal solicitud, y que por ello no se había trasladado el trámite a la CNJ –que a su vez debe canalizar el reclamo de extradición a través de la cancillería.

«Sí se ha recibido la petición, lo que pasa es que se dispuso que previamente se cumpla con ciertos requisitos legales que tienen que certificarse (…) para proceder a lo que solicita el fiscal», explicó el juez a la AFP.

«Uno de los requisitos que se dispuso es que primeramente se notifique al procesado, al doctor Juan Manuel Santos. Espero que se haya cumplido el mismo y que el fiscal me lo haga conocer para ver qué es lo que se dispone», agregó.

Jiménez asegura que ya cumplió con ese trámite. «Pero procesalmente no me consta», sostuvo el juez. La notificación debe hacerse por los «canales diplomáticos», agregó.

La AFP intentó a contactar al fiscal, pero no estuvo disponible en lo inmediato.

Mientras tanto, el gobierno colombiano volvió a desestimar el miércoles la posibilidad de que la justicia de Ecuador pida en extradición a Santos.

«La cancillería y el gobierno colombianos han sido muy claros en que no reconocen ninguna jurisdicción al juez de Sucumbíos, por lo tanto eso no tiene ninguna relevancia», dijo el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.

El asunto de la extradición reflotó en la antesala de la investidura de Santos, a la que asistirá Correa en su primera visita a Colombia tras romper las relaciones diplomáticas a raíz del bombardeo.

Correa admite que el caso pendiente contra Santos es un «problema» para normalizar totalmente los vínculos -reactivados a nivel de encargados de negocios en noviembre pasado- y confía en que el caso «se resuelva lo más rápidamente posible».

El presidente ha insistido en que respeta la independencia de poderes, por lo que «no podría jamás interferir en la función judicial», aunque el jurista ecuatoriano Raúl Jaramillo consideró el miércoles que el «estatus diplomático» que adquirirá Santos el sábado complicaría el pedido de extradición.

«Creo que el tema va a pasar del ámbito judicial al político», dijo Jaramillo al canal multiestatal Telesur.

Pese a desconocer la competencia de la justicia ecuatoriana, alegando que el ataque fue una acción de Estado, Santos ha expresado su deseo de normalizar las relaciones, y hace dos semanas envió a Quito a su canciller, María Angela Holguín, y luego a su vicepresidente, Angelino Garzón, para ratificar ese mensaje.