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USA (Es)Resumen: El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha urgido al Ministerio de Justicia a implementar medidas efectivas para proteger a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el Valle del Cauca, Colombia. Esto surge tras una serie de eventos violentos, incluyendo asesinatos y ataques armados, que han afectado a los guardianes del Inpec en la región. Desde el 2023, estos funcionarios han estado bajo amenaza constante por parte de organizaciones criminales locales. En el 2024, varios funcionarios han sido víctimas de ataques, lo que ha generado un clima de temor y vulnerabilidad en la institución. El Defensor del Pueblo ha resaltado la importancia de garantizar los derechos fundamentales de los servidores públicos y fortalecer la presencia institucional en la región para enfrentar esta situación. La Defensoría se compromete a seguir apoyando a los funcionarios del sistema penitenciario en su labor, a pesar de los constantes riesgos para su vida e integridad.
Ante la creciente ola de violencia contra los guardias del INPEC en el Valle del Cauca, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha instado al Ministerio de Justicia a implementar medidas urgentes y efectivas para proteger sus vidas y garantizar su seguridad.
La preocupación surge tras varios ataques que se han perpetrado contra los guardias.
El más reciente fue el 9 de abril, cuando hombres armados asesinaron al dragoneante Léider Romo en la entrada del penal de Buga.
Este no fue un caso aislado pues el mismo día, en el municipio de Tuluá, el dragoneante Nicolás Torres Noreña resultó gravemente herido.
Al ser perpetrado con disparos de arma de fuego.
Además, un día antes, en Palmira, Néstor Quevedo Díaz, un pensionado del Inpec, fue víctima de un violento ataque que le costó la vida.
La situación se ha vuelto crítica para los guardianes del INPEC, quienes desde el 2023 han estado bajo amenaza constante por parte de organizaciones criminales.
Ataque contra funcionarios del Inpec en el Valle del Cauca
En lo que va del año 2024, dos funcionarios fueron víctimas de atentados en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí.
Mientras que otro resultó herido en la Cárcel y Penitenciaría de Tuluá.
Además, los funcionarios del Inpec también han sido objeto de intimidación a través del envío de coronas fúnebres y panfletos amenazantes.
Lo que ha generado un gran temor y vulnerabilidad en la institución.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha enfatizado la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los servidores públicos.
Incluyendo su derecho a la integridad, la vida y el trabajo.
Asimismo, ha destacado la importancia de fortalecer la presencia institucional en la región.
Esto para hacer frente a la espiral de violencia que amenaza la estabilidad y seguridad de los funcionarios del Inpec.
Finalmente, la Defensoría ha anunciado que continuará brindando apoyo y acompañamiento a los servidores públicos del Sistema Penitenciario.
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Comunicadora Social, apasionada por las conversaciones ajenas y la perspectiva de género.
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