El Defensor del Pueblo, respondió a Petro, sobre el riesgo de disturbios en el marco de las Elecciones

“El Presidente no solo desconoce la labor en territorio de la Defensoría, sino que parece mostrar una desconexión del Gobierno con la realidad de las comunidades más vulnerables”

Así, el Defensor del Pueblo le responde al jefe de Estado, luego de asegurar que no es cierto el informe de la entidad nacional de derechos humanos sobre el riesgo de disturbios o asonadas en varias regiones del país, a propósito de un posible escenario de conflictividad social que pudiera presentarse el próximo domingo, jornada de elecciones regionales.

“El Presidente no solo desconoce la labor en territorio de la Defensoría, sino que parece mostrar una desconexión del Gobierno con la realidad de las comunidades más vulnerables”, es la respuesta del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, luego de que el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, dijera que no es cierto lo contenido en el informe ‘Advertencia de riesgo de protestas, disturbios y/o asonadas en el marco de las elecciones del 29 de octubre de 2023′.

El Defensor del Pueblo de los colombianos reitera que el informe de riesgos sobre posible ocurrencia de conflictos sociales en 133 municipios de 24 departamentos del país el día de los comicios obedecería a un inconformismo ciudadano, sustentado en una serie de situaciones debidamente documentadas en terreno por los funcionarios de la institución de los derechos humanos en Colombia.

“Además, lo dimos a conocer a los medios de comunicación y a la opinión pública en general porque nuestro fin primordial es prevenir a las autoridades sobre los lugares donde podría presentarse un desconocimiento de los resultados electorales, desconocimiento que podría derivar en hechos de violencia”, asegura Carlos Camargo Assis.

Otra acción con fines preventivos emitida por la Defensoría

El Defensor del Pueblo recuerda que la Alerta Temprana Electoral (ATE) 030, documento independiente del informe recientemente divulgado sobre conflictividad social, emitida hace dos meses sobre las nueve zonas del país con riesgos alto (286 municipios) y extremo (113 municipios) por cuenta de la influencia de los grupos armados al margen de la ley, tiene un objetivo eminentemente preventivo.

“Nuestro deseo es que sean implementadas las medidas para que ningún tipo de riesgo se materialice. De eso se trata justamente, porque como nadie conoce el futuro, nuestro trabajo es hacerle un llamado a la institucionalidad estatal para que pongan en marcha acciones eficaces que permitan prevenir y mitigar la ocurrencia de hechos que la mayoría de los colombianos no desea. Es nuestro deber. Callar iría en contra de nuestra misionalidad”, deja claro el Defensor del Pueblo.

El informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral

Un informe de seguimiento a la ATE 030, dado a conocer por la Defensoría del Pueblo la semana anterior, da cuenta de lo que fue advertido. Entre agosto y septiembre de la presente vigencia fueron registradas 204 acciones violentas, la mayoría contra candidatos a alcaldías y concejos municipales y contra líderes sociales.

“El espíritu del trabajo en la Defensoría, a través de nuestro Sistema de Alertas Tempranas y de nuestra Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, además de preventivo, busca servir de herramienta útil para que las entidades del Estado tomen mejores decisiones de política pública”, indica Camargo Assis.

Agrega que lo dicho por el jefe de Estado, en su gira por el exterior, parece una justificación de la inacción que ha tenido el Ejecutivo a la hora de entregar planes de acción relacionados con las recomendaciones que la Defensoría formuló en la Alerta 030.

Carlos Camargo Assis añade que a los funcionarios y personas contratistas de la Defensoría del Pueblo los mueve la defensa de los derechos humanos de las comunidades: “De manera particular, de quienes viven en aquellos territorios con mayor vulnerabilidad y donde el Estado poco o nada ha hecho presencia. Nuestras alertas y advertencias, atendiendo a la actual coyuntura electoral, buscan la garantía de los derechos de los ciudadanos a elegir y de los candidatos, a ser elegidos”.

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