«Deben haber otras fuentes de financiación» para la salud dice el Contralor.

La Contraloría General consideró apropiado que el fallo de inexequibilidad de los decretos de emergencia social tenga efecto diferido, como lo había solicitado a la Corte, en una comunicación de la semana pasada.

Julio Cesar Turbay Quintero dijo que acata la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la emergencia social decretada por el Gobierno en diciembre pasado.

«Indudablemente suspender abruptamente, de un momento para otro, las normas de emergencia social hubiera podido causar un tremendo efecto negativo sobre la población, que desmejoraría de inmediato la atención de sus problemas de salud», señaló Turbay Quintero.

El Contralor había solicitado a la Corte Constitucional que, de caer los Decretos de Emergencia Social, se modulara la sentencia y se aplicará gradualidad en el desmonte de las normas.

Consideró que al caerse los Decretos de Emergencia Social, el gobierno está en la necesidad de presentar ante el Congreso de la República proyectos que se conviertan en normas permanentes, de tal manera que estas medidas garanticen el normal funcionamiento de la salud en Colombia, dice el comunicado de prensa.

En una comunicación que dirigió a los magistrados de la Corte Constitucional, hace ocho días, Turbay Quintero pidió que, en uso de la competencia de modular sus sentencias y en guarda de proteger el derecho constitucional a la salud y para garantizar la gestión, la eficiencia y la economía de los recursos del sistema de salud, la emergencia social se mantenga en el ordenamiento jurídico, condicionando su permanencia a un plazo razonable, para que se dicten normas de carácter permanente tendientes a prevenir la parálisis en la prestación en los servicios de salud.

Según el Contralor, la sostenibilidad financiera del sistema está amenazada por diferentes factores y, por tanto, se veía como un acto de responsabilidad social y fiscal, las medidas tendientes a corregir la problemática señalada en los considerandos del Decreto 4975 de 2009.

Estas medidas iban dirigidas a solucionar los problemas de liquidez y flujo de los recursos que afectan actualmente al Sistema, en busca del cumplimiento del mandato emanado en la Ley 100 de 1993, la Ley 112 de 2007 y la Sentencia T-760 de 2008, indicó Turbay Quintero, según el informe de prensa.

Fuentes de financiación

El Contralor señaló las dificultades de financiación y las fallas que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y dijo que la Contraloría ha podido constatar con preocupación el agotamiento de los excedentes de la Subcuenta de Compensación del FOSYGA (Fondo de Solidaridad Garantía), a causa de la asunción de los gastos derivados de las prestaciones por fuera del POS.

Esa situación, dijo, hace imperativo que todos los ciudadanos y las instituciones tengan claro la necesidad de crear mecanismos que permitan la consecución de fuentes de recursos, diferentes del FOSYGA, destinadas a asumir el gasto de los servicios No POS de los colombianos.

Turbay Quintero consideró que, tal y como lo decidió el gobierno a través de los decretos expedidos en el marco de la emergencia social, independientemente del futuro de los mismos, deben existir mecanismos de administración y fuentes de recursos separados para el POS y el no POS, de manera que no se ponga en riesgo el aseguramiento de la mayoría de los colombianos.

«Así mismo, y atendiendo el fallo del Consejo de Estado que ordena la ampliación de las coberturas en el régimen subsidiado, los excedentes acumulados de la Subcuenta de Solidaridad se comprometen en su totalidad. De continuarse con esta tendencia, las subcuentas de compensación y de solidaridad entrarían en un déficit permanente afectando la atención en salud de los ciudadanos que laboran y no laboran», indicó el Contralor General.

Adicionalmente, en el Ministerio de Protección Social, el FOSYGA y el consorcio que administran los recursos de las cuatro sub-cuentas del sistema, también se ha encontrado dificultades en el flujo de los recursos, debido a los problemas en las bases de datos de las EPS, contributivas y subsidiadas, como también por el aumento exponencial en el pago de tutelas y recobros por medicamentos en el NO POS. Estos últimos ascendieron en el año 2009 a $1,9 billones en el Régimen Contributivo y cerca de $2 billones en el Régimen Subsidiado, recordó el Contralor.

Deuda de Minhacienda a Minprotección

En las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, la Contraloría ha encontrado que el Ministerio de Hacienda debe cerca de 6 billones de pesos al Ministerio de Protección Social por concepto del pari-passu y, por tanto, se hace necesario, a pesar de lo estipulado en la Ley 1122 de 2007, que se haga el giro de recursos de forma inmediata para darle capacidad de pago al Sistema.

El Contralor aseguró que por concepto de excedentes de aportes patronales podría estarse generando un «lucro cesante» de alrededor de 300 mil millones de pesos en las administradoras de seguridad social por pagos hechos sin que se encuentre la relación directa entre el recurso y el trabajador, por lo cual se considera de la mayor importancia recuperar esos recursos para las entidades territoriales.

Turbay Quintero estimó indispensable implementar mecanismos que permitan optimizar la utilización de los recursos existentes, como es el caso de que el gobierno pueda establecer precios razonables para los recobros al Sistema, pues se ha podido constatar que existen abusos en esa materia.

«El cubrimiento total en salud de la población es sumamente importante. De acuerdo con los cálculos de la Contraloría General de la República, el costo anual del cumplimiento de la Sentencia T-760 puede ser cercano a los 6 billones de pesos. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga para conseguir más recursos y para optimizar los existentes debe ser apoyado por la sociedad en general», concluyo el Contralor General de la República.