Cultivos ilícitos y posibilidad de hacer política

Hay dos situaciones que son consecuencia directa de los acuerdos con la guerrilla y que dan escozor: los relativos a los cultivos ilícitos y a la participación de los jefes guerrilleros en política. De lo primero, son alarmantes las cifras sobre cultivos ilícitos que a la fecha, luego de firmado el acuerdo y definidas las supuestas políticas de erradicación, persisten en el territorio nacional.

Todos en Colombia sabemos que por cuenta de los acuerdos los cultivos ilícitos se cuadruplicaron y en el momento se habla de 180.000 hectáreas cultivadas con coca y todo ello por cuenta de que la guerrilla le ordenó al gobierno que debían suspenderse las fumigaciones con glifosato, a lo que el gobierno accedió y contó con el visto bueno de la Corte Constitucional, que es en lo que se escuda para decir que fue por decisión de este órgano y no por orden de la guerrilla. El problema, como es de imaginar, no se contrae a los cultivos propiamente dichos, sino a los fenómenos delincuenciales asociados a los cultivos y al negocio del narcotráfico.

El fiscal general de la nación, que se ha encargado de hacer ver muchas anomalías acordadas con la guerrilla, acaba de dar unas cifras irrebatibles: en zonas desocupadas por la guerrilla la los homicidios se han incrementado en unas cifras que son escandalosas: en el Urabá antioqueño los homicidios crecen al 45 por ciento; en el Bajo Cauca antioqueño, al 19 por ciento; en el corredor Valle-Chocó, en un 91 por ciento; en el corredor Valle-Cauca-Risaralda, está creciendo al 48 por ciento; en La Macarena, el incremento es del 72 por ciento, y concluye diciendo que la paz se ha conseguido es en las zonas urbanas, pero no sucede lo mismo en las zonas rurales, el negocio del narcotráfico tiene estas poblaciones sometidas, y todo ello es consecuencia directa de la política adoptada por el gobierno de no acabar los culticos ilícitos como debe ser, sino por mecanismos nada efectivos, así el cándido ministro de defensa diga otra cosa, cuando la realidad lo desmiente.

Con relación a lo segundo, ahora que se llegó la discusión del punto más importante de los acuerdos, la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha salido a flote otro sapo que hasta los defensores del acuerdo ya no se quieren tragar y los responsables con ganas de esconderse y dizque sin recordar exactamente qué fue lo que se negoció.

Cuando estaban en todo su furor las negociaciones, el gobierno se valió de algunas víctimas de la guerrilla, como la esposa de uno de los diputados del Valle secuestrados, torturados, humillados y asesinados por la guerrilla, que no sé quién la graduó de vocera de todas esas víctimas, para vender la idea de que perdonaban más fácil las víctimas de la guerrilla que quienes no lo habían sido nunca, lo cual no era cierto ni consultaba la realidad, porque se quiso hablar por todas las víctimas. Por estos estos últimos días ese grupo de víctimas le escribió una carta al gobierno manifestando su desacuerdo con que los guerrilleros participen en política y sean elegidos a cargos de elección popular sin antes haber pasado por la JEP, dado explicaciones y haber recibido y pagado las condignas y justas condenas.

Humberto de la Calle, que fue el que negoció con la guerrilla todas estas cosas no dice con precisión qué fue lo que en ese punto se acordó con la guerrilla, por eso será que la insolencia y el atrevimiento de los jefes guerrilleros, sobre todo de Santrich, lleguen al colmo de hablar mal y dizque a denunciar personas que de algún modo le han servido a este país y hasta donde se sabe, son hombres de bien. Como dice Shakespeare en una de sus obras: “En estos tiempos de grosera sensualidad hasta la virtud misma ha de pedir perdón al vicio”.

Todo apunta a que desde La Habana se acordó que podían hacer política y hacerse elegir sin antes haber comparecido ante la justicia especial. Como dice María Isabel Rueda: “En todo caso, se habrá consumado el más grande aporte de Colombia al derecho público universal: la extraña fórmula del funcionario público que ejerce esperando una condena y luego ejerce ya condenado”.