Cuestionamientos judiciales al alcalde Gustavo Petro

En la semana anterior hicieron eco en los diferentes diarios nacionales a lánguidas excusas de un mandatario fuertemente cuestionado por su pertenencia al entonces movimiento guerrillero M-19. El Alcalde y su abogado manifestaron que con la demanda de pérdida de investidura tramitada en su contra se buscaba “torcer la historia nacional, la ley y hasta la historia del Estado de Sitio” que rigió durante la anterior Constitución Política, según lo expresó Petro al diario El Espectador días atrás.

Los yerros del Alcalde.Según el abogado de la Universidad de Medellín Alejandro Ramírez Londoño, el pronunciamiento inexacto denota la pobreza de los cálculos jurídicos, que no los políticos. El Alcalde olvida que con esta demanda la ciudadanía reivindica los oscuros hechos que produjeron el episodio más triste de la historia de la vida nacional, donde un movimiento guerrillero financiado por los carteles de la droga incineró el Palacio de Justicia con objeto de quemar los expedientes de los narcotraficantes y, de paso, doblegó el Estado de Derecho. Ramírez Londoño también le recordó a La Barca que, en circunstancias insólitas, aún se encuentran presos por estos hechos valientes militares de la República.

Petro, condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad. Francisco Gustavo Petro Urrego fue conminado a arresto de 18 meses por el Comandante de la Brigada de Bogotá, en cumplimiento de función jurisdiccional, otorgada en virtud del Decreto 1056 de 1984, de acuerdo a la declaración de Estado de Sitio en toda la nación, por el delito de porte ilegal de armas. Debe recordarse que estos decretos excepcionales dictados por el entonces presidente Belisario Betancur fueron motivados en guerra que el narcotráfico le declaró al Estado, cuyos jueces eran constantemente amenazados y asesinados por impulsar los expedientes en contra de los carteles de la droga.

La olvidada historia de Severo Escobar. Desde los anaqueles de un reputado diario nacional nos recuerdan los fatídicos episodios de la participación en política de los narcotraficantes de aquel entonces. Y cómo no recordar al ex concejal de Zipaquirá Severo Escobar, quien fuera extraditado a Estados Unidos tras la operación “Pez Espada” contra los carteles del narcotráfico colombianos, cuando se procuró la elección en la Personería de Zipaquirá, por los años de 1982, al hoy alcalde de Bogotá Gustavo Francisco Petro Urrego, aseguró a La Barca el abogado Ramírez Londoño, y los testigos están vivos.

Petro se defiende. En El Heraldo de Barranquilla Petro atribuyó a su origen costeño los ataques de algunos sectores de la opinión, económicos y políticos, de la Capital. «Lo que estamos haciendo choca con los intereses económicos de sectores muy poderosos. El primero es el cartel de la contratación. Otro está conformado por algunos opinadores de los medios de comunicación que eran socios de los miembros de este cartel.» ¿Cuáles doctor Petro?