La crisis ética de la fuerza pública

Abundan loa motivos de preocupación en Colombia por los bochornos tan reiterados que agobian a la fuerza pública. Lo más reciente es lo ocurrido en Haití. Decenas de militares retirados, con altas calificaciones operativas, algunos vinculados a procesos judiciales por su participación en acciones delictivas como las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, aparecen presuntamente relacionados con el asesinato del Presidente Jovenel Moise.

Al parecer fueron contratados a través de agencias colombianas y norteamericanas de seguridad para ejercer actividades, no muy precisadas, en el país centroamericano. Los hechos del 7 de julio siguen siendo muy confusos respecto a la participación de los militares colombianos en el magnicidio; desconcierta que no hayan tenido un plan de fuga, pero también que entre lo decomisado por las autoridades del país haya pertenencias del líder asesinado como su chequera personal.

Pero mientras las investigaciones avanzan y clarifican el panorama, lo que preocupa es la facilidad como nuestros exmilitares se involucran en acciones de mercenarismo internacional al servicio de la paga, sin importar la causa. El fin justifica los medios. Un serio problema de formación ética en las filas castrenses.

Igual fragilidad formativa y de comportamiento quedó evidenciada con los falsos positivos.
LA JEP acaba de imputar cargos a varios oficiales, sub oficiales y soldados por asesinatos de civiles ajenos al conflicto armado en la región del Catatumbo. Muestra de lo que ocurrió en todo el país durante los gobiernos de comienzos de este siglo. En el auto de la JEP se concentran 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas cometidas a cambio de beneficios.

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A juicio de la justicia transicional, esto fue estimulado por el mecanismo de resultados basados en bajas en combate. Y los más fácil fue presentar cuerpos de muertos como consecuencia de ficticios combates a cambio de prebendas económicas o laborales, todo un patrón que se adoptó dentro del ejército nacional con un saldo de más de 6.000 personas asesinadas a sangre fría y sindicadas injustamente de pertenecer a la guerrilla.

La debacle moral y ética tiene otras expresiones igualmente preocupantes. Cada vez son más las voces de excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que visibilizan la alianza tan estrecha que durante tantos años orientó la operatividad del ejército y los paramilitares en contra de la guerrilla y las distintas expresiones de la inconformidad social y política en el país. Mancuso lo confesó: el accionar de las AUC no hubiera sido posible sin el acompañamiento de los militares.

La mayoría de los comandantes paras manifiestan su disposición a contar la verdad de lo ocurrido a cambio de su seguridad y la de sus familias. Pero por esta época esa disposición para contar verdades, cae en terreno árido. La experiencia de los pepes a comienzos de la década de los 90 como una alianza no santa para combatir un enemigo común, siguió cogiendo vuelo en sectores de la fuerza pública.

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Por el lado de la policía nacional, el aguacero tampoco escampa. El comportamiento agresivo y antisocial de muchos de sus miembros, no solo de ahora con ocasión de las manifestaciones relacionadas con el paro nacional, sino desde hace varios años, ha tenido un impacto negativo en el escenario internacional hasta el punto de que en el congreso de los EEUU se anuncian retaliaciones presupuestales si no se avanza en la transformación de la institución en aras del respeto a los derechos humanos, tal como también lo manifestara la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, CIDH, recientemente.

La tragedia para Colombia, es que quien tiene la obligación de adoptar tales medidas, el gobierno nacional, no reconoce el problema, lo niega. Así como antes negaban la existencia del conflicto armado. Imposible esperar soluciones éticas al indebido actuar de miembros de la fuerza pública, si el gobierno nacional carece de voluntad y competencias para ello.

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