Corrupción y lentitud obligan a la Justicia colombiana a reformarse

El estallido de nuevos casos de corrupción y la lentitud en la administración abocaron a la Justicia colombiana a plantear un nuevo intento de reforma en la recta final del Gobierno de Juan Manuel Santos, pese al fracaso de los anteriores esfuerzos.

Ex Magistrado. Henry Villarraga.

Alarmado por la desconfianza generalizada hacia la Justicia en el país, el presidente Santos anunció esta semana su voluntad de debatir una necesaria reforma a la Justicia y preparar un anteproyecto de ley que el Gobierno aspira a discutir a contrarreloj en la última legislatura del actual Congreso.

«Cuando un país pierde la confianza en la Justicia, ese país está en problemas», afirmó el mandatario decidido además a disolver por ineficaz el Consejo Superior de la Judicatura, encargado de administrar la rama judicial y promover su buena imagen.

Esta semana se conoció una grabación en la que un magistrado de ese organismo, Henry Villarraga, sellaba contactos con un coronel del Ejército investigado por un caso de ejecuciones extrajudiciales para apartar su caso de la Justicia ordinaria y asignarlo a un tribunal militar.

«Sí hay que hacer una reforma a la Justicia. Se está hablando nuevamente, con un escándalo que hubo hace unos días de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de abolir ese Consejo Superior», subrayó el mandatario.

También ayudó a tomar esta decisión la detención hace dos semanas de once funcionarios de la rama judicial, incluidos dos jueces, que supuestamente manipularon la adjudicación de casos a determinados fiscales y magistrados a cambio de dinero para beneficiar a los acusados, investigación que sigue abierta.

Por el momento, la Corte Suprema de Justicia ya ha expresado su apoyo a la iniciativa y se ha mostrado dispuesta a participar en la discusión y en el trámite de esa reforma.

Mientras que la Procuraduría ha advertido que estos cambios no deben hacerse en «momentos coyunturales».

El año pasado el Congreso aprobó un proyecto que el Gobierno de Santos había presentado en 2010 que, si bien partía de la necesidad de agilizar los trámites y reducir la burocracia, quedó convertida en un texto que blindaba judicialmente a políticos y altos funcionarios gracias a unos cambios subrepticios incluidos por un grupo de legisladores.

Santos tuvo que salir una semana después a convocar una sesión extraordinaria en la que la iniciativa quedó archivada, por unanimidad y por decencia, pues los procesos abiertos en contra de 1.500 congresistas, exministros y altos funcionarios podrían haber quedado en el limbo jurídico.

A este fiasco, que le costó el puesto al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se suma un nuevo obstáculo para el anteproyecto, que es la falta de tiempo para debatirlo en el Congreso.

La última oportunidad que Santos tiene para proponer el anteproyecto en este Capitolio, en el que cuenta con más amigos que enemigos, es la legislatura actual, que se puede ver contaminada por el ambiente de las elecciones parlamentarias del 9 de marzo próximo.

En este lapso tan corto de tiempo es muy difícil abordar una reforma que la paquidérmica Justicia colombiana requiere desde hace décadas, y se haría necesario esperar a plantear el anteproyecto en junio de 2014, cuando habrá quedado conformado el nuevo Congreso.

Bogotá, 2 nov (EFE).-