Foto de archivo.

Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció este lunes que la corrupción administrativa en Colombia goza de plena impunidad, al informar que el 93,99 por ciento de las 57.582 denuncias presentadas en los últimos 13 años, 54.122 no tienen condena ni capturas.

De acuerdo con Idárraga, en el mapa de corrupción sin castigo aparece en primer lugar en departamento del Vaupés con 98,6 por ciento de impunidad, toda vez que de las 214 denuncias por irregularidades en el manejo administrativo de los recursos público, 211 duermen el sueño del olvido en los anaqueles judiciales.

En su orden los departamentos con los peores desempeños en la lucha y castigo contra la corrupción aparecen Guaviare 98,6%, Guanía 96%, Boyacá 95,75, Cundinamarca 95,4%, Putumayo 95,1%, Caldas 94,5%, Huila 94,4%, Casanare 94,1 por ciento, al igual que Santander.

Estas cifras, según el Secretario de Transparencia, dejan en entredicho el compromiso de fiscales y jueces por investigar y erradicar la corrupción administrativa, por lo que le solicitó a Comisión de Disciplina Judicial investigar y tomar los correctivos necesarios para que la impunidad deje de reinar en nuestro país.

Al mismo tiempo, Idárraga le solicitó al fiscal Barbosa, a la procuradora Cabello y al contralor encargado Zuluaga, destacar funcionarios de primer nivel para que trabajen de la mano con la Presidencia de la República, para adelantar las investigaciones que sean necesarias y se reduzcan lo que considera niveles vergonzosos de impunidad.

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Desde el 2010 la Fiscalía ha recibido 57.582 denuncias por delitos asociados a la corrupción administrativa y a la fecha 54.122 no registran condena, 51.671 no tienen personas capturadas y en su gran mayoría, es decir 44.427 aparecen en indagaciones preliminares.

Entre los delitos de mayor ocurrencia y menor castigo, según la investigación de Transparencia de la Presidencia, aparecen el peculado por apropiación, la celebración de contratos sin el lleno de requisitos, el cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito.

Desde la Presidencia de la República le solicitan a la Fiscalía y a la Rama Judicial adoptar los estándares internacionales de diligencia debida de las Naciones Unidas, con lo cual se pretende que los procesos engavetados y los funcionarios que no atiendan su gestión en la administración de justicia sean sancionados.

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