Contraloría denuncia que playas de Santa Marta están siendo ocupadas ilegalmente por condominios

Archivo. Tomada de colombia.com

La Contraloría General de la República denunció la ocupación ilegal de las playas de Santa Marta por parte de grandes condominios, específicamente en la zona de Pozos Colorados, sin que haya actuaciones por parte de autoridades como el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente para impedir los perjuicios ocasionados.

De acuerdo con el ente de control, El Condominio Sierra Laguna y los edificios Sierra Beach, Sierra Laguna y Cabo Tortuga están incurriendo en dicha irregularidad y con ello afectando el sistema de humedales costeros.

«Las ocupaciones ilegales han generado enormes daños ambientales al Lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de 9 mil metros cuadrados», denunció la contraloría.

El órgano de control indicó además que «mediante permisos de ocupación de cauce que no cumplen con las especificaciones ambientales pertinentes, se ha permitido la remoción y perdida de  manglares para favorecer la construcción de edificios».

La Contraloría estableció además vertimientos ilegales por parte de varios edificios, hoteles, apartahoteles, condominios y restaurantes, cuya lista será informada más adelante, y rechazó la falta de acciones por parte de las autoridades ambientales del Distrito de Santa Marta, que no han adelantado medidas efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público.

Para el organismo de control, es evidente que las autoridades de territoriales y ambientales «no han tomado las medidas protección a los derechos o intereses colectivos, para proteger y restituir los bienes de uso público y tampoco han garantizado el goce de un ambiente sano».

Sobre los hallazgos, producto de una actuación especial de la Contraloría, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitará la intervención de la Fiscalía General de la Nación.

«Las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”, indicó el contralor en un oficio enviado al fiscal general, Nestor Humberto Martínez.

Las licencias de construcción de estas edificaciones, entregadas por las Curadurías Urbanas, «desconocen la especial protección» que sobre el mismo se estableció mediante resolución de la autoridad ambiental, explicó el Contralor.

“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema», explicó Maya Villazón, quien además puntualizó que estas conductas son tipificadas como «delictuales por el ordenamiento jurídico”.

Ocupantes se han beneficiado de procesos de recuperación

La Contraloría General constató que pese a que se han llevado a cabo algunos procesos administrativos para la recuperación de los bienes de uso público ocupados por particulares, los procesos correspondientes contienen presuntas irregularidades.

Pese a las advertencias que ha hecho la DIMAR, dichos procesos «han terminado beneficiando a los ocupantes, a quienes no se les exige la adopción de medidas para la preservación del medio ambiente». Los ocupantes «realizan vertimientos contaminantes a las aguas marinas, causando daños a la fauna y flora nativas, incurriendo en conductas con presunta incidencia penal», indicó la contraloría.