Colombia
España
México
USA (Es)
Foto tomada de archivo para ilustrar esta noticia.
Minuto30.com-. Una auditoría financiera de la Contraloría al Consejo Superior de la Judicatura encontró un presunto detrimento patrimonial por 22.422 millones de pesos, que fueron invertidos para la construcción de los complejos judiciales de los municipios de Zipaquirá y Soacha, en Cundinamarca.
«Hoy estas obras son muestra de un completo desgreño administrativo», indicó la Contraloría, y agregó que «es tan delicada la situación, que en el caso de Soacha la totalidad de los recursos invertidos ($13.448 millones) fueron elevados a daño patrimonial».
Las obras de la sede judicial de Soacha ya fueron finalizadas, explicó el organismo de control, sin embargo señaló que el edificio «no cuenta con suministro de servicios públicos ni con vías de acceso, debido a la deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la Alcaldía Municipal, lo cual ha llevado a que no pueda ser puesta al servicio del público en el mediano plazo».
Y en el caso de la sede judicial del municipio de Zipaquirá, manifestó el ente de control que «las evidentes deficiencias de supervisión detectadas en la visita hecha por ingenieros del equipo de auditores de la CGR concluyeron que las fallas constructivas existentes impiden poner al servicio la obra».
Añadió que «para suplir las fallas iniciales de este segundo proyecto se requieren nuevas inversiones, lo que motivó la apertura de una indagación preliminar para cuantificar el posible daño fiscal de las obras iniciales y de las nuevas que sea preciso adelantar».
Según la Contraloría, los dos hallazgos detectados en los casos de Soacha y Zipaquirá no solo comprometen los resultados esperados en la inversión de $22.421 millones, «sino que afectan la posibilidad de que las comunidades de estos municipios puedan acceder a un eficiente y oportuno servicio de justicia, ante la imposibilidad de contar con las sedes construidas para tal fin».
Reciba noticias de Minuto30 Colombia 