Constituyente de facto

Varios juristas amigos de la paz, consultados por el barquero, plantearon sus reservas en relación con el documento de La Habana divulgado por Francisco Santos y José Manuel Acevedo.

De lo firmado en Cuba se desprenden varias interpretaciones: La primera tiene que ver con que los señores “Timochenko”, “Granda” y “Sergio Jaramillo” se han constituido prácticamente en constituyentes de facto, pues tienen todas las atribuciones para cambiar el rumbo de la institucionalidad.

Aquí, antes, hacíamos las leyes en el Congreso de la República, en el perímetro histórico de Bogotá, y ahora se hacen en el monte, en donde se legisla con los fusiles al hombro.

A la manera del Oeste.

Por lo visto, nada se escapa y, por el contrario, se discute todo. En ese documento que se debatirá a la manera tan poco civilizada de las cantinas y garitos del Oeste americano, con el pianista dedicado a tocar el armonio en medio de la ensordecedora balacera, como en su momento hacía estallar sus bombas el tenebroso Pablo Escobar mientras el parlamento le expedía una reforma penal a su medida. En resumen: los delincuentes no solo están impartiendo la ley sino ejecutándola a su manera, dejando de lado temas tan grandes como el narcotráfico, que no se discute por ningún lado.

La frase final del documento habanero es como para ponerse a cavilar en serio: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”…

Las reformas.

Con esta apertura “democrática” se reformará, entonces, nuestra Constitución Nacional y pasaremos a un modelo que se acomode a los requerimientos que en materias agraria, económica y social nos impongan los alzados en armas.

El disco duro.

La reciente incursión de un piquete policial a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que los agentes autores del insólito allanamiento se apoderaron del disco duro contentivo del gran Censo Electoral del país, pone a nuestra democracia en zona de alto riesgo.

Aunque fue devuelta unos días después la valiosísima información sobre más de treinta millones de electores potenciales de Colombia, los expertos en ciencias informáticas se plantean una serie de interrogantes.

Preguntas:

1) ¿Se facilitará con esta base de datos la consumación de un fraude electoral de proporciones mayúsculas si se llega a implementar el voto electrónico en Colombia?

2) Si la Corte Constitucional de Alemania prohibió el voto electrónico porque considera que el ciudadano común no puede constatar o hacerle veeduría a la forma como fue administrada su voluntad electoral, ¿en Colombia no podría ocurrir lo mismo?

3) ¿Cómo puede establecer un colombiano del común si su voto electrónico fue desviado o suplido?

4) ¿Será posible hacer fraude en el software y en el hardware en las Registradurías regionales o en las urnas electrónicas? ¿Quién controla eso, teniendo en cuenta que la vigilancia está al cuidado de varias personas que tienen los códigos en su poder?

5) Si hay fraude o adulteración en la base da datos, ¿quién le va a hacer la auditoría al hardware?