Congreso debatirá nuevas chuzadas

El tema de las chuzadas a los teléfonos de dos notables periodistas de la radio pide pista para aterrizar en el Capitolio.

El Senado de la República se apresta a llevar al recinto el escándalo de la “acupuntura oficial”, en el que se encuentran seriamente comprometidos personajes adscritos a la Armada Nacional con el almirante Echandía a la cabeza y sus adláteres a quienes denunciaron desde La Luciérnaga el director Hernán Peláez Restrepo y su coequipero de todas las tardes Gustavo Álvarez Gardeazábal.

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Episodio delicado.

La situación no deja de ser delicada: un coronel de apellido Nieto, perteneciente a la Policía, es señalado por los afectados como el “Acupunturista oficial”.

A raíz de lo denunciado por el binomio caracolero, el presidente se comunicó con Gardezábal y envió a su secretario general Juan Mesa a recoger el informe al Porce, la finca del novelista de Tuluá.

Varios senadores citaron ya a la plenaria a los responsables de la nueva Agencia Nacional de Inteligencia para que respondan por el segundo capítulo de las chuzadas oficiales, pues según comenta Gardeazábal aparecen chuzadas de llamadas telefónicas suyas a la contralora Sandra Morelli y al procurador Alejandro Ordóñez. ¡Qué horror!

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Sin representación.

Ayer, en el desayuno del centro de altos estudios “Los pájaros dormidos” se ventiló el papel del Congreso en las conversaciones de paz.

El ex ministro Rodrigo Marín Bernal planteó su preocupación “por que estamos en manos de diez ciudadanos que por muy importantes que sean, no nos sentimos representados por quienes, aparentemente, tienen poderes supra-constitucionales”.

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Congreso inoperante.

El exsenador Gerardo Cañas manifestó que el Congreso nacional no opera desde el 20 de julio de 2010, pues resultó siendo un apéndice de la mesa por la paz que viene trabajando desde antes de la posesión de Santos con una agenda preconcebida, mientras el actual presidente del Senado, Roy Barreras, dice que el verdadero recinto para la paz está en el Congreso, expresión compartida por los demás miembros del legislativo.

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De tumbo en tumbo.

El gobierno propuso una gran reforma a la educación que fue desautorizada finalmente por el propio presidente, dejando sin oficio a la ministra Campo.

El gobierno propuso una gran reforma a la justicia, la misma que le costó la cabeza al ministro Esguerra. No pasó nada.

Se habla de gran reforma al Estatuto Minero que incluye el nuevo Código de Minas y acelerador al Catastro Minero. Cero y van tres ministros y de aquello, nada, pues mientras las proclamas oficiales hablan de locomotora minera, el gobierno se revela completamente incapaz de resolver temas tan elementales como la operación software del contrato minero.

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Algo más.

Se aplaza indefinidamente el desarrollo minero del país, quizás para no desentonar con las posturas tomadas en Oslo por las Farc contra la industria minera. O sea más bien para favorecer la estrategia de las grades compañías mineras (con muy contadas excepciones) de dilatar las definiciones sobre inversiones en gran cuantía en los proyectos de oro en Colombia, con el fin de no afectar negativamente los precios internacionales del precioso metal y poder de esa forma recuperar con mayor rapidez las inversiones hechas por esas compañías en minas de alto costo de producción, como las que proliferan en Estados Unidos, Canadá, Australia y Suráfrica.