Colombia pretende transitar de un conflicto interno degradado a una ‘Paz sin impunidad’

América Latina debe promover la justicia y evitar la venganza a la hora de procesar los crímenes de lesa humanidad y Colombia afronta el mayor desafío, al pretender transitar de un conflicto interno degradado a una paz sin impunidad, cuando el país se halla bajo la égida de la CPI, señalan analistas.

El conflicto colombiano dejó al menos 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 4.744.046 desplazados entre 1958 y 2012. EFE

En un continente con una larga historia de ataques generalizados o sistemáticos contra civiles que murieron o fueron exterminados, secuestrados, desaparecidos, torturados, desarraigados o padecieron violencia sexual, el castigo a esos y otros delitos supone una asignatura pendiente, pese al esfuerzo de ciertos países por sancionar casos emblemáticos.

Desde las conductas punibles atribuidas a las dictaduras del Cono Sur de América, hasta los casos denunciados en México y América Central, pasando por los abusos en el Caribe y la zona andina, Latinoamérica debe reconciliarse y reconstruir el tejido social, acatando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y de la Corte Penal Internacional (CPI).

Según el Estatuto de Roma, que da vida jurídica a la CPI, los delitos de lesa humanidad no prescriben.

Aunque los casos de más repercusión mediática aluden a razones políticas o de seguridad nacional, los Estados de América Latina deben rendir cuentas por abusos cometidos contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, mujeres, sindicalistas, activistas de diversos ámbitos y grupos de distinta orientación sexual, entre otros colectivos, señalan los analistas.

Entre esos países, Colombia, que busca poner fin al conflicto de medio siglo con las guerrillas mediante una negociación política, afronta el desafío de aplicar una ‘justicia transicional’ que permita procesar sólo a los máximos responsables de los delitos graves, «sin incurrir en impunidad», esquema que ha sido cuestionado por la ONU y organismos humanitarios.

Tal posibilidad aparece en una enmienda constitucional conocida en Colombia como «Marco Jurídico para la Paz», defendida por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos como una herramienta eficaz para cimentar la reconciliación, instaurar la justicia, reparar a las víctimas y conocer la verdad, pese a las críticas en el país y el exterior.

El conflicto colombiano, en el que convergen las guerrillas, los paramilitares, agentes del Estado, narcotraficantes y otros actores violentos, dejó al menos 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 4.744.046 desplazados entre 1958 y 2012, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, declaró este viernes al diario El Espectador que el aval al «Marco para la Paz» por parte de la Corte Constitucional del país «abre un gran espacio» para el proceso de pacificación y supone «la mano tendida que da el Estado colombiano dentro del marco institucional» al esquema de reconciliación con los grupos armados.

«Creo que la Corte está con el proceso de paz (…) al explicar el modelo de ‘justicia transicional’ que está centrado en juzgamiento de máximos responsables, en la posibilidad que la investigación (penal) se concentre en ‘el núcleo duro’ de protección a los derechos humanos, como los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra», dijo el fiscal.

Pero algunos analistas no están convencidos de que Colombia pueda llegar a la paz por la vía negociada y la enmienda constitucional, sin sacrificar la justicia y sin promover la impunidad.

«Considero que Colombia afronta el desafío de decirle a la comunidad nacional e internacional que no podrá sancionar todos los delitos de lesa humanidad, y ciertamente encara la situación más difícil en América Latina, pues ahora se halla bajo la égida de la CPI, lo que no ocurrió hace 20 años en otros países», dijo a Efe el jurista Juan Carlos Caicedo, profesor de derecho penal comparado.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, se ha pronunciado en contra de textos constitucionales de varios países de la región, al considerar que vulneraban los derechos humanos, por lo que la enmienda en Colombia no garantiza de momento que el sistema interamericano avale a futuro el «Marco para la Paz», dijo Caicedo.

El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, señaló a Efe que, si bien hay que estar atentos a que los delitos no queden impunes, la salida negociada «es el mejor camino para garantizar la justicia, la verdad, la reparación a las víctimas y la vigencia de las garantías fundamentales» en Colombia.

Para el experto en legislación penal internacional y derechos humanos Pablo Echeverri, Colombia encara un desafío triple: cumplir la jurisprudencia de la CorteIDH en materia de sanción a delitos de lesa humanidad, aplicar la justicia para evitar la intervención de la CPI y asegurarse de que los agentes del Estado implicados en conductas punibles no tengan «un trato preferencial».

«Cuando hablamos de ‘agentes del Estado’ nos referimos también a los dignatarios», señaló, por su parte, la jurista Cecilia Reyes, tras recordar que, en Perú, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de varias personas en 1991 y 1992, a manos un grupo militar encubierto.

El analista Rubén Sánchez, profesor de Relaciones Internacionales de la privada universidad del Rosario, en Bogotá, dijo que Colombia y los demás países latinoamericanos deben decidir «qué entienden por justicia desde el punto de vista cultural» y evitar «la venganza», si es que quieren superar el largo período de abusos a los derechos humanos. EFE