A raíz de los acontecimientos ocurridos en la ciudad a partir del 12 de octubre de 2013, fecha en la que colapsó la torre 6 de la edificación SPACE, y el reciente anuncio de los procesos de reorganización empresarial decretados por la Superintendencia de Sociedades a varias empresas vinculadas al grupo constructor CDO, la Alcaldía de Medellín se permite manifestar:

Edificio Space el día antes de caer la torre 6

Edificio Space el día antes de caer la torre 6

1. El colapso de la torre 6 del Edificio Space, así como los problemas estructurales presentados en las edificaciones Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania, que dieron origen a decretar la Zona de Calamidad en los predios en los que se encuentran ubicados y la orden de evacuación a sus habitantes, son sin duda, hechos penosos que han afectado la vida e integridad de decenas de personas, causado perjuicios económicos y morales a cientos de familias y que ha afectado gravemente el nombre de la ciudad.

2. Además, las autoridades municipales han identificado otros proyectos con problemas en su construcción de dimensiones muy inferiores a los ya referidos, que requieren de igual atención por parte de la administración municipal.

3. Se estima que las familias afectadas por esta problemática ascienden a 1000, de las cuales fueron evacuadas 602, lo que evidencia que se trata de un asunto de alta complejidad para la ciudad desde el punto de vista humano y social.

4. Conforme a lo señalado en la normatividad vigente, el cumplimiento de las normas constructivas y la calidad de las obras, así como la idoneidad de los profesionales que trabajan en ellas, son responsabilidad de las empresas constructoras y en este sentido se hace un llamado al gremio de la construcción para una reflexión más profunda sobre el tema y a implementar todos los correctivos necesarios para que estos hechos no se vuelvan a presentar.

5. El Municipio de Medellín, ante esas situaciones, ha adelantado todas las gestiones y actuaciones correspondientes, para lo cual ha contado con el acompañamiento de equipos de carácter técnico y jurídico, garantizando el respeto pleno de los derechos de todos los involucrados.

En el aspecto técnico nos ha acompañado la Universidad de los Andes, con su escuela de ingeniería así como expertos internacionales, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres –DAGRD- y la doctora Leslie Ann Harrison, experta internacional en el manejo de desastres.

En el aspecto jurídico, además de contar con el equipo de la Secretaria General, nos asesora un grupo de abogados de alto nivel liderado por Luis Fernando Alvarez, exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado.

En respuesta a estos asuntos y en consonancia con nuestro interés como gobierno de garantizar el respeto a la vida y la dignidad de todos los habitantes del territorio, se ha decidido crear la Gerencia de Vivienda Segura cuyas tareas fundamentales serán, entre otras:

– Acompañar a las familias afectadas y velar por el restablecimiento de sus derechos, trabajar de manera articulada con todas las autoridades locales y nacionales para verificar la atención de los afectados y el cumplimiento de las normas y obligaciones de las empresas constructoras involucradas, para que los futuros compradores de vivienda se sientan más seguros.

– Hacer seguimiento al efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas por las autoridades de policía en los procesos de control urbanístico iniciados por la administración y ejecutar un plan de acción que permita una revisión en detalle de las licencias de construcción otorgadas por las curadurías municipales que le den plena confianza al comprador de vivienda en nuestra ciudad.

Para asumir esta responsabilidad será nombrado Diego Restrepo Isaza, quien hasta la fecha se desempeñaba como director del ISVIMED.

De la mano de estas decisiones, se solicitará al Gobierno Nacional, en cabeza del Señor Presidente Juan Manuel Santos, definir una comisión donde tengan asiento las superintendencias con competencia en este tema (Industria y Comercio, Sociedades y Financiera), para garantizar una acción coordinada entre los gobiernos nacional y local, que busque la efectiva protección de los derechos de los afectados, la no suspensión de los auxilios de habitabilidad que hasta la fecha se vienen concediendo a las familias y la efectiva protección de sus derechos como consumidores de vivienda.

En una ciudad para la vida, es un imperativo de su administración velar por la vida y los derechos de las personas y familias que ven en la adquisición de una propiedad la materialización del sueño que tenemos todos de una vivienda digna y segura y que permita una sociedad más equitativa.

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