Cara, ganan victimarios; sello, pierden víctimas

El acuerdo de impunidad, el premio a los victimarios, la justicia sesgada a su favor, la continuación en las conductas delictivas protegidas por esa extraña entidad llamada JEP, el desconocimiento de los derechos de las víctimas internas y directas agrupadas hoy en la CORPORACIÓN ROSA BLANCA, que vivieron un infierno continuado con abusos, violaciones y abortos desde sus secuestro o reclutamiento forzado hasta el momento en que supuestamente se desmovilizaron, dan pie para concluir sin lugar a dubitaciones, que lo firmado y no aprobado por el pueblo en el 2016 es tal vez una de las mayores estafas que se han gestado en la historia de Colombia

La ¿conformación? de las dizque disidencias cuando la verdad es que desde el inicio de las tertulias orientadas desde siempre a la protección de los ancianos y enfermos cabecillas de esa organización narcoterrorista y que hoy tienen paralizado al Cauca y al sur del país con una fachada de Minga Indígena que antes que nada pretende propiciar un nuevo incumplimiento de acuerdos conseguidos por medio de la violencia y otorgados por gobernantes sin carácter o con intenciones torcidas como las que mantuvo el que nos gobernó durante 2010 y 2018.

Ese individuo con tal de justificar la compra del nobel prometía lo que sabía imposible de cumplir y ahora estos engañados a sabiendas puesto que de idiotas poco tienen, exigen lo que saben es incumplible. Entre ellos armaron al zafarrancho y ahora las consecuencias las viven los coterráneos del Cauca, Huila y Nariño.

Llamemos a juicio internacional a los funcionarios de la ONU que certificaron la entrega de la totalidad de las armas y recursos necesarios para el accionar narcoterrorista de esa banda que nunca se ha desmovilizado, que con el cinismo que caracteriza a ese tipo de delincuentes consuetudinarios conservó tanto en el brazo político como en el armado el mismo nombre: FARC.

Esos certificadores se lucraron de la estafa como lo han hecho el espurio, sus negociantes, nunca negociadores, los individuos que usando a la cruz roja se beneficiaron de toda esta parafernalia mentirosa, los que siendo representantes del pueblo en el legislativo y judicial, olvidaron la razón de ser del mandato entregado y actuaron en su propio beneficio y en contra de los deseos de sus mandantes. Congresistas elegidos y jueces nombrados son empleados y subalternos de la voluntad popular y será el pueblo el que los juzgará.

Cortes, congreso, medios vendidos; organismos internacionales embaucados y haciendo de idiotas útiles, vendedores de premios ávidos de euros y todo un tinglado conformado para vender una falsa paz, tiene a Colombia en un callejón en donde si no se actúa con autoridad, severidad, contundencia y oportunidad, perderemos el camino recorrido en la democracia para caer en la sin salida en la que están ahora nuestros vecinos.

En el Cauca falta el ejército ejerciendo las labores de contención de esa marea de violencia que daña a los habitantes y vulnera todo principio de convivencia. Los derechos de los indígenas por ancestrales que sean, no pueden ser superiores a los del resto de colombianos. De hecho esos llamados indígenas tienen sus territorios y sus propias leyes, son independientes y mantenidos.
No aportan nada para el progreso pero exigen como si fuesen los dueños; parásitos que debemos tolerar.

El estado y 45 millones de colombianos no pueden estar supeditados a lo que quieren un máximo de 1.5 millones de individuos que dicen ser indígenas o descendientes ancestrales de los primeros pobladores que también en su momento fueron migrantes, llegaron antes pero no son originarios de aquí.

La paciencia y la tolerancia no son inacabables y cuando estas se agoten las acciones por parte de la comunidad podrán ser fatales. Se están propiciando reacciones que pueden traer consecuencias funestas para los que ahora se creen invencibles e intocables. El abuso no trae cosas buenas y los de la Minga están abusando con desparpajo.