Chile recorre hoy un camino similar al nuestro en 1991 con la formulación de una nueva constitución nacional, resultado de una amplia movilización social, muy juvenil y diversa, con la pretensión de que la criatura sea la cristalización de un pacto colectivo condensador de los sueños de todos los chilenos. Lo mismo que nosotros. En el 91 se abrieron paso sectores relegados por la historia y la discriminación al ostracismo como los indígenas, afros, cristianos, LGBTIQ y sectores políticos en dejación de armas victimas del excluyente frente nacional. La dirección de nuestra Asamblea Nacional Constituyente fue colegiada, y la chilena será presidida por una líder indígena quien luego rotará la dirección con las otras expresiones del multiculturalismo y multiregionalismo del país austral. La carta magna de Colombia será un referente para los chilenos.

Hoy podemos mirar despacio hacia 30 años atrás y preguntarnos ¿con la constitución de 1991 que tanta realización tuvieron los sueños de los colombianos y que tanta frustración?

En Chile vienen de una constitución nacida bajo la sangre y el fuego de la dictadura de Pinochet y en Colombia traíamos el legado de una constitución centenaria y retrograda. El cambio era necesario. La primera lección es que avanzamos, pero no lo suficiente ni lo indispensable. Quedó inconclusa. A pesar del garantismo en derechos e intenciones, Colombia no ha dejado de ser un país pobre, desigual, inequitativo, poco competitivo e inclusivo económicamente, sin justicia pronta y oportuna, violento, corrupto y con un ejercicio despreciable de la política.

Tantas necesidades no atendidas y largamente postergadas, han originado una convulsión social permanente y acentuada desde 2019 con el protagonismo de los jóvenes que no se tragan el cuento de que las críticas al modelo de desarrollo social y económico son asuntos mala leche propios de la guerrilla o del fantasma del castrochavismo. Los muchachos tampoco comparten la sacralización que hacen muchos de la constitución del 91, convertida en una piedra tallada que no se puede tocar con el argumento de que “no hay que reformarla, sino aplicarla”.

Pero el reconocimiento de tales falencias, no es para desconocer los enormes saltos que dieron los constituyentes para enterrar la del 86 y darle vida a la del 91. Desde el preámbulo con su invocación al pueblo y no a dios para su expedición, el cambio en el artículo primero de la naturaleza del Estado como social y no simplemente de derecho, lo que dio lugar a la adopción de las tres generaciones de derechos y la creación de las instituciones e instrumentos para su defensa y vigilancia, siendo la tutela la herramienta más vistosa y efectiva, y la que más simpatía le despierta a la carta de navegación de Colombia.

Si bien muchos consideran que la constitución fue escrita en mármol, en 30 años ha tenido 55 reformas o remiendos, con saltos al vacío, luego reversados, como la reelección presidencial. Casi la tercera parte ha sido retocada. El congreso vía acto legislativo ha sido el protagonista, con una carga de des legitimidad por la precaria favorabilidad que tiene entre la población, cuyos niveles son cercanos hoy a los de entidades de poca aceptación como los partidos políticos, la guerrilla o el gobierno venezolano.

Ese mismo congreso es el que no ha podido o no ha querido asumir transformaciones estructurales que no se abordaron en la Asamblea Nacional Constituyente como la justicia cercana al ciudadano, la reforma de la actividad política, la reestructuración de la fuerza pública y la construcción de un modelo de desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible para desterrar la pobreza y la desigualdad.

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Redacción Minuto30

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