Asamblea Constituyente

Sin lugar a dudas una de las conquistas más grandes e importantes de los últimos siglos y herencia directa de la Revolución Francesa, es la concepción que actualmente se tiene, especialmente en las democracias de occidente, sobre el estado constitucional de derecho, una de cuyas más trascendentales expresiones es lo que se conoce como la tridivisión de los poderes, también conocida como la división de las tres ramas del poder público, de las cuales a su vez, individualmente consideradas, se pregona autonomía e independencia.

Y aunque lejos se está que este postulado se cumpla a cabalidad, pues en los sistemas presidencialistas como el nuestro, existe cierta primacía del ejecutivo sobre el legislativo y el jurisdiccional, y lo normal es que se expidan leyes en su gran mayoría del interés del gobierno de turno, y que en no raras ocasiones, haya decisiones judiciales con idéntica finalidad.

Pero al margen de la discusión en torno a la cual se discuta cuál rama del poder interfiere indebidamente en el ejercicio de las competencias de la otra, lo cierto es que existen múltiples problemas en la rama jurisdiccional que son de público conocimiento y están a la vista de cualquier espectador.

No es de poca monta la función de administrar justicia, pues que podrían ser varias las aristas desde las cuales puede analizarse tan importante cometido, pero aquí sólo nos limitaremos a decir que son los jueces los que tienen la delicada tarea de resolver los conflictos de la sociedad, sometidos a su conocimiento, entre los cuales se encuentran involucrados los derechos fundamentales, y dar solución a los mismos bajo estricto apego a la ley, que es la que contiene la solución ”justa” a tales problemas; en últimas, son los encargados de darle aplicación y vigencia a otro postulado cardinal del estado de derecho: la igualdad ante la ley, que nadie puede estar por encima de ella.

Pero es esta, al parecer, la manzana de la discordia. Muchas propuestas se han hecho en los últimos 20 años, y más en serio en los últimos 10, de reformar o curar los males que aquejan a la justicia. Algunos por lo menos. Se recordará cómo, en el 2012, se quiso hacer una ambiciosa reforma, fallida a la postre, porque se supo por los medios de comunicación, que la tal reforma, no era nada distinto a un cruce de favores entre legislativo y jurisdiccional, correspondiéndole al gobierno, que la promocionaba, echarla para atrás mediante una objeción del presidente al acto legislativo. Se habrá visto en la historia del derecho constitucional.

Con la llamada reforma al equilibrio de poderes, desequilibrados desde que se aprobó la reelección presidencial, se ha propuesto modificar algunos aspectos relativos o referidos a las cortes, como acabar con “el yo te elijo, tú me elijes”, una inhabilidad de cinco años para los magistrados litigar ante la corte a la cual pertenecieron y un organismo que los pueda investigar y acusar. Este es el Tribunal de Aforados que reemplazaría la inoperante Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Y es precisamente esta parte de la reforma la que no gusta de los magistrados de las cortes. Es verdad que formalmente ellos también tienen quien los investigue, que es la mencionada comisión, pero la impunidad es total, puesto que desde el punto de vista práctico, no ha salido ni saldrá adelante una investigación contra ellos., de lo cual no son culpables, este fue el diseño que estableció la Constitución del 91 Lo de Pretelt es una verdadera rareza.

Entonces, cuando se crea un Tribunal, que puede que no sea lo ideal, pero si mejor que lo que hay, que trata de volverlos “iguales” ante la ley, no les gusta, piden que se archive la reforma, en lo que a este punto de refiere, y como lo vimos cuando aparecieron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente, y el Fiscal General, con vocería del primero de ellos, pidiendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia, ha sido mayúscula la extrañeza de semejante propuesta, tanto que magistrados de esas mismas cortes han manifestado su desacuerdo a una iniciativa que es abiertamente inconveniente por donde se le mire. Si entre ellos mismos no hay consenso ………..

Es el Congreso de la República el escenario propicio para este tipo de reformas, ahora lo que resta es esperar que este cambio que se avecina en la investigación y juzgamiento de los magistrados de las cortes no tenga sobresaltos en los debates que le quedan.

Será que la idea que subyace a la propuesta hecha por los magistrados de estas cortes, es sustraerse a un órgano que si tenga herramientas para investigarlos y acusarlos, no ser “iguales” ante la ley, y de paso no reconocer al legislativo como el organismo donde deben tramitarse estas reformas?

Es curioso que quienes juzgan, teman ser juzgados, de verdad.