Gobierno pide agilizar reforma al Código Electoral para ser aplicada en las elecciones regionales del 2023
Foto de archivo.

En la noche del viernes 16 de junio, La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el último debate del Código Electoral, proyecto que busca modificar las dinámicas de votación actuales, establecidas desde 1986.

El proyecto, promovido por el el registrador Alexander Vega, busca habilitar el voto electrónico mixto, la contratación de softwares electorales, la creación de nuevos registradores y la ampliación de la jornada de votación hasta las 5:00 p.m., que antes era hasta las 4:00 p.m., con el fin de garantizar mayor participación de los colombianos en las jornadas electorales.

A pesar de su aprobación, artículos como el 11 y el 15, que le dan la facultad al Registrador Nacional de designar cargos directivos desataron contradictores, pues algunos representantes como Jennifer Pedraza, de Dignidad argumentaron «que son abiertamente inconstitucionales porque le permiten al registrador pasarse por la faja el concurso de méritos y nombrar cargos a dedo».

Asimismo, Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, sostuvo «Increíble lo que acaba de pasar en la Cámara en el pupitrazo del Código Electoral. Ahora resulta que a representantes que no están en el recinto les aparecen mágicamente los votos a favor de este proyecto. Acabo de denunciar este caso del representante Jorge Eliécer Salazar. El secretario Lacouture tuvo que retirar el voto. Un vicio más para el trámite de este peligroso proyecto del cuestionado Alex Vega y que lastimosamente está siendo apoyado por este Gobierno».

Otros representantes como Alirio Uribe, del Pacto Histórico, comentó que el Código «evita los delitos electorales: compra de votos, soborno y constreñir al elector, permite superar las deficiencias históricas en el proceso electoral, fortalecer la transparencia y las instituciones democráticas; le da fuerza al CNE frente a la Registraduría; aboga porque el proceso electoral no sea privatizado ni tercerizado; regula todos los procesos de identificación electoral y que el ‘software’ electoral sea propiedad del Estado y no de entidades particulares».

Lo cierto es que ahora el discutido proyecto es una realidad en Colombia y pasará a control constitucional, para después ir a sanción presidencial.

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Minuto30 Agencias

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