¡Ojo! Robo de cables pone en alerta a EPM: miles de usuarios podrían quedarse sin energía

El robo de cables mantiene en alerta a EPM por el impacto que este delito está generando sobre la infraestructura eléctrica en Antioquia y el Valle de Aburrá.

La empresa advirtió que el incremento de estos hechos, sumado a actos de vandalismo, pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía para miles de hogares, comercios e industrias.

De acuerdo con la entidad, los principales casos se han registrado en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, además de Medellín y los municipios de Bello, Caldas, La Estrella y Envigado.

Según el reporte, estos ataques tendrían como principal objetivo la comercialización ilegal de cobre extraído de la infraestructura eléctrica.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Entre 2024 y 2025, EPM destinó más de $7.200 millones para reparar los daños ocasionados por el robo de cables y el vandalismo.

En lo corrido de 2026, únicamente las afectaciones a la red subterránea ya representan pérdidas cercanas a los $25.000 millones.

La empresa informó que más de 763.000 clientes han resultado afectados por interrupciones del servicio relacionadas con estos hechos, con una duración promedio de 24,6 horas por evento.

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Además del cableado, los daños también comprometen transformadores, luminarias, medidores, acometidas, sistemas de protección y otros equipos indispensables para la operación de la red.

EPM también alertó sobre actos de vandalismo como el vertimiento de aceites, pinturas y solventes en cámaras subterráneas, situación que deteriora la infraestructura y aumenta el riesgo de fallas en el sistema eléctrico.

Frente a este panorama, la compañía reforzó las medidas de seguridad mediante monitoreo permanente, barreras físicas, sistemas de alarma y controles de acceso en instalaciones estratégicas.

Asimismo, trabaja junto con las autoridades para identificar y judicializar a los responsables. Según el Código Penal Colombiano, quienes participen en estos delitos podrían enfrentar penas de hasta 21 años de prisión.

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